Por Redacción
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció irregularidades en la licitación pública, nacional e internacional, de la Red Federal de Concesiones – Etapa II, que abarca 1.800 kilómetros de rutas nacionales en territorio bonaerense, y solicitó la intervención de organismos de control para supervisar el proceso. A través del a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MISP) y la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA), se realizó una presentación en el Ministerio de Economía de la Nación, con el objetivo que se designen veedores del Defensor del Pueblo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de que se garantice la legalidad, transparencia e imparcialidad en la adjudicación.
En este marco, el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, explicó que “por indicación de Axel Kicillof, AUBASA se presentó oportunamente en la licitación pública para la concesión de los tramos Sur – Atlántico – Acceso Sur que incluye la RN 3, 205, 226 y autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas de la Provincia de Buenos Aires”.
La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) compite por la gestión de 1.325 kilómetros correspondientes a esos corredores, dentro del renglón principal del proceso licitatorio, cuyo llamado se lanzó en noviembre de 2025 y tuvo apertura de ofertas a fines de febrero de 2026.
Durante ese período, el Gobierno nacional emitió circulares que modificaron condiciones iniciales del pliego. Una de ellas introdujo cambios sustanciales en requisitos técnicos y económicos pocos días antes del cierre, sin establecer prórrogas que permitieran adecuar las presentaciones. Desde la Provincia señalaron que esa situación afectó la igualdad entre oferentes.
Entre la publicación de esa circular y la presentación de ofertas transcurrieron 12 días hábiles administrativos, sin que se estableciera una prórroga para adecuarse a las nuevas condiciones. Desde la Provincia señalaron que esa situación afectó la igualdad entre oferentes y la previsibilidad del procedimiento.
katopodis agregó: “Ante la preocupación sobre la transparencia del proceso, hoy solicitamos al Ministerio de Economía de la Nación —bajo cuya órbita se lleva adelante esta licitación— la intervención de las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Provincia para que hagan de veedores y garanticen la transparencia. Venimos observando modificaciones y decisiones que marcan una arbitrariedad manifiesta en la asignación de concesionarios. Una semana antes, modificaron 33 de 34 artículos y cambiaron una contratación cuando ya estaba iniciada”.
Remarcó que a pesar de haber cumplido con los requisitos exigidos desde el inicio, AUBASA recibió pedidos de aclaración por parte de la Comisión Evaluadora sobre aspectos no contemplados en el pliego original, entre ellos la validación de su experiencia en obras. Sostuvo que “AUBASA es la empresa mejor posicionada, cumplió todos los requisitos y tiene la capacidad de gestión para hacer las obras que eviten el deterioro de estos corredores y sostengan el desarrollo productivo de la provincia”.
La empresa acredita más de 15 años de gestión de rutas y autopistas con peaje en territorio bonaerense. Presentó un estado contable intermedio de manera voluntaria, pese a que no era obligatorio según las condiciones del proceso. Desde la administración provincial advirtieron que una eventual desestimación de la oferta de AUBASA resultaría arbitraria y sin fundamentos, en comparación con otros oferentes privados. Señalaron que la empresa estatal presenta mejores condiciones de admisibilidad y propone tarifas más accesibles, con reinversión de los ingresos en obras.
El Gobierno bonaerense sostuvo que, de persistir las irregularidades y concretarse una exclusión de AUBASA, se verían afectados la transparencia institucional y el funcionamiento de los corredores viales. Advirtió que el impacto alcanzaría a usuarios, sectores productivos y municipios que dependen de rutas en condiciones seguras y con mantenimiento eficiente.
Katopodis, subrayó: “Nuestro único objetivo es mantener las rutas en las mejores condiciones, con una tarifa adecuada y competitiva. Vamos a hacer un seguimiento estricto para garantizar a los usuarios y usuarias la correcta administración y adjudicación de este proceso”.
