Por Redacción
A través del informe Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina, Amnistía Internacional expuso que el gobierno de Javier Milei dispuso de un mecanismo de inteligencia artificial para expandir la vigilancia social. En este escenario, la organización afirmó que la administración libertaria adquirió, entre 2004 y 2005, dispositivos tecnológicos por 1,2 millones de dólares, entre ellos se encuentran sistemas de reconocimiento facial, programas para recopilar información digital, drones y cámaras con capacidad de seguimiento y transmisión en tiempo real. Al mismo tiempo, sostuvo que «unidas, estas políticas y tecnologías constituyen un sistema de vigilancia masiva».
Paola Garcia Rey, Directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina, remarcó que «en Argentina, el uso extendido de herramientas de vigilancia en los espacios físicos y digitales está teniendo graves consecuencias sobre los derechos de las personas». Asimismo, agregó que «estas tecnologías se están consolidando como componentes centrales de un entramado de control estatal que busca desalentar la protesta, limitar las voces disidentes y someter a una mayor vigilancia a grupos históricamente marginados. Cuando las autoridades buscan eludir el escrutinio público, quienes cuestionan o exigen respuestas pueden convertirse en blanco de distintas formas de vigilancia, control y represión, profundizando prácticas de carácter autoritario».
Según se desprende el informe elaborado por Amnistía, el alcance de los mecanismos de vigilancia trascendió las movilizaciones callejeras y generó cambios en la conducta de personas y organizaciones que comenzaron a limitar su exposición pública y su actividad en redes sociales. Entre las tecnologías incorporadas al sistema de control y represión social se encuentran: Maltego, una plataforma que permite reunir y organizar información procedente de redes sociales, sitios web, la dark web, datos personales, infraestructura técnica y otras fuentes abiertas. El relevamiento incluyó, a su vez, licencias de Clearview AI, un sistema de reconocimiento facial cuestionado por la recopilación masiva de datos biométricos sin bases legales suficientes.
Matt Mahmoudi, investigador y asesor sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos en Amnistía Internacional, explicó que «lo que está sucediendo en Argentina no es un hecho aislado. En todo el mundo, los Estados que implantan prácticas autoritarias están aumentando su uso de las tecnologías de vigilancia contra personas que defienden los derechos humanos, jóvenes, migrantes, grupos marginados y desplazados, y disidentes. Demasiado a menudo esto va acompañado de una falta de supervisión, transparencia y rendición de cuentas».
En esa línea, añadió que «Argentina debe demostrar su compromiso con los derechos humanos garantizando que la vigilancia basada en la inteligencia artificial no se utiliza sin control y que los responsables de abusos contra los derechos humanos perpetuados por estos sistemas rinden cuentas de sus actos».
Paula Cejas, Directora de la Oficina para América Latina de la Federación Internacional de Periodistas, sostuvo que «las redes sociales y las calles dejaron de ser espacios seguros para los periodistas». Sobre el impacto de esa situación en su propio trabajo, explicó: «Yo misma pienso qué voy a publicar en la cuenta de la Federación Internacional de Periodistas, qué lenguaje usar para que no me incluyan en una lista y después nos sometan a todos a campañas de hostigamiento». Su testimonio fue incluido en el informe.
Para Amnistía Internacional «la vigilancia tiene un rol central en la agenda de gobierno: ya desde su plataforma electoral, el oficialismo planteaba el uso de herramientas como bases de datos vinculadas a reconocimiento facial y una mayor inversión en tecnologías para seguridad. Estos compromisos públicos se tradujeron en reformas del sistema de seguridad e inteligencia, junto con la implementación de nuevas prácticas como la creación de bases de datos de manifestantes, la vigilancia de redes sociales, el uso de reconocimiento facial, drones y cámaras móviles».
Por otro lado, la organización precisó que «se intensificaron las narrativas polarizantes y del “enemigo interno”, expresado en represalias contra mujeres y comunidades LGBTI, las personas migrantes y otros grupos marginalizados, así como en la deslegitimación y el hostigamiento de actores de la sociedad civil, en particular periodistas y medios de comunicación, organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, espacios académicos y movimientos feministas y socioambientales».
En este contexto, el trabajo de la organización de Derechos Humanos, puso en evidencia que la reforma del estatuto de la Policía Federal «creó nuevas estructuras de investigación y formalizó prácticas como el monitoreo de redes sociales sin autorización judicial, estableciendo el “ciberpatrullaje” como función oficial. A ello se sumó la adopción de protocolos específicos para el uso de identidades digitales ficticias en investigaciones y la actuación de agentes encubiertos en entornos digitales».
Amnistía, denunció que «en el plano operativo, el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, estableció instrumentos clave como el “Protocolo Antipiquetes”, que habilita la intervención de fuerzas federales en protestas sin orden judicial y promueve la identificación, registro y sistematización de información sobre manifestantes, organizaciones y vehículos. Asimismo, creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), con amplias funciones vinculadas al análisis de datos, monitoreo digital, reconocimiento facial y predicción del delito, sin mecanismos específicos de control externo».
Del mismo modo, la entidad sostuvo que «la creación de nuevas unidades, protocolos y herramientas tecnológicas, así como la ampliación de facultades operativas de las fuerzas de seguridad, evidencian una priorización creciente del uso de tecnologías de vigilancia, incluidas aquellas basadas en inteligencia artificial, análisis de datos y monitoreo digital. Sin embargo, este proceso de expansión se ha desarrollado sin un marco normativo claro y específico, sin controles externos adecuados y con niveles insuficientes de transparencia, lo que plantea serias tensiones con las obligaciones internacionales del Estado argentino».
Amnistía Internacional manifestó que «las prácticas analizadas muestran una tendencia a concentrar amplias capacidades de vigilancia que abarcan desde el monitoreo de redes sociales y fuentes digitales abiertas, hasta el uso de sistemas biométricos, drones y herramientas de análisis automatizado, sin que existan garantías claras respecto de su necesidad, proporcionalidad y legalidad. La amplitud y superposición de estas funciones, sumadas a la falta de delimitación precisa de competencias y responsabilidades institucionales, debilitan los mecanismos de supervisión y dificultan la rendición de cuentas. Este escenario resulta especialmente problemático a la luz de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de protección de los derechos de la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación».
El informe se conoció en medio de los cuestionamientos por la expansión de empresas tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos en el país. Milei mantiene una alianza política con el multimillonario estadounidense Peter Thiel, cofundador de Palantir una compañía especializada en estas tecnologías cuya presencia en Argentina provocó protestas y reclamos para que abandone el país. El oligarca tecnológico es socio financiero de Donald Trump Jr. hijo mayor del presidente de Estados Unidos, en Enhanced Group.
