Por Redacción
Luego de que Estados Unidos le revocara la visa al fiscal general Roger Mariaca, quien llevaba la causa donde se investigaba a Fernando Cerimedo por el ataque contra su expareja, la abogada Nadia Beller, el Gobierno de Rodrigo Paz dispuso la detención del funcionario judicial y de otros integrantes del sistema judicial, acusados por su presunta participación en una organización criminal y tráfico de sustancias. La declaración oficial incluyó la detención de 14 miembros del sistema judicial boliviano.
Durante una conferencia de prensa, el Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó el operativo, iniciado en la ciudad de Santa Cruz, como parte de una “lucha contra el narcoterrorismo” y afirmó que el Gobierno había desmontado una estructura criminal. Entre los funcionarios alcanzados por las detenciones se encontraba Mariaca, quien llevaba las investigaciones relacionadas con Cerimedo y el caso denunciado por Beller.
En agosto, el fiscal general denunció que estaba sometido a fuertes presiones por la investigación sobre el operador político argentino, detenido ese mes tras el ataque contra su expareja. Cerimedo quedó señalado como responsable del hecho y enfrenta cuatro procesos judiciales en Bolivia por legitimación de ganancias ilícitas, tentativa de feminicidio, violencia familiar y doméstica contra Beller y protección a vuelos irregulares de sustancias controladas en el departamento de Beni.
La decisión de Estados Unidos de retirar el visado a Mariaca y a otros funcionarios bolivianos se produjo esta semana bajo acusaciones de supuestos vínculos con el narcotráfico y la corrupción. El fiscal general rechazó la medida y sostuvo que la decisión de Washington constituía una presión sobre las investigaciones que involucraban a Cerimedo y a sectores del Estado boliviano.
En ese contexto, Mariaca ratificó que no abandonaría las investigaciones vinculadas con las denuncias de Beller, quien había presentado audios y otras pruebas sobre la presunta existencia de un esquema de cobro de sobornos y facilitación al narcotráfico. El fiscal general sostuvo que no retrocedería “ni un centímetro” frente a las presiones internacionales y los pedidos de renuncia impulsados desde sectores del Legislativo.
La operación del gobierno boliviano, alineado con Estados Unidos, alcanzó a 13 funcionarios de justicia, entre jueces, fiscales y exautoridades de las fuerzas de seguridad. En paralelo, incorporó a la investigación al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien no fue detenido y era buscado por las autoridades, según informó Oviedo. La situación quedó atravesada por las acusaciones del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien, antes de su extradición a Estados Unidos, afirmó en un video que había entregado 500.000 dólares a Mariaca y a Del Castillo para obtener protección en territorio boliviano. El fiscal general tenía bajo su responsabilidad el seguimiento de las investigaciones relacionadas con el caso Marset.
Luis Montaño asumió este jueves como fiscal general interino, mientras Mabel Andrade asumió como fiscal departamental de Santa Cruz ante la ausencia de las autoridades titulares. El vicepresidente boliviano, Edmand Lara, sostuvo que la Constitución establece que la elección del fiscal general corresponde a la Asamblea Legislativa. Desde el entorno del Presidente Rodrigo Paz se calificó de ilegal la designación de Montaño y se anticipó que este viernes ambas cámaras de la Asamblea sesionarían para definir al próximo fiscal general.
Cerimedo permanece detenido en el penal de Chonchocoro tras la denuncia presentada por Beller luego del atentado perpetrado por sicarios a mediados de agosto. La defensa de la abogada sostuvo que la detención de Mariaca guarda relación con el avance de esa causa y con las investigaciones sobre posibles redes de protección dentro de organismos estatales. En tal sentido, la abogada afirmó a través de sus redes sociales que el Gobierno intentar eliminar las pruebas que comprometen al operador libertario. A las investigaciones contra el exasesor de Milei se sumó un audio difundido semanas atrás que lo relacionaba con la Primera Dama, María Elena Urquidi, y con un presunto esquema ilegal de tráfico de combustibles.
El caso evidencia la injerencia de Estados Unidos en la región a través del Plan de Seguridad presentado por Trump en 2025. La excusa para proteger sus intereses y a sus protegidos es la misma que utilizó históricamente para actuar como vigilante del mundo: la defensa de la democracia y la guerra contra el narcotráfico. Lo concreto es que, por estas horas, el gobierno de Trump desarrolló una operación de intrusión política en un país soberano, lo que representa un golpe institucional para Bolivia.
