Por Redacción
El último informe del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) dio cuenta que la inteligencia artificial, los servicios digitales y el llamado “ciberdelito como servicio” facilitaron el acceso de grupos criminales a recursos tecnológicos y ampliaron su capacidad de operar a escala internacional. El mayor impacto se dio en América Latina a través de la expansión de las herramientas digitales, con la diversificación de las organizaciones criminales y el avance de las redes transnacionales.
El análisis de UNICRI examinó las transformaciones del crimen y de las respuestas estatales durante la última década y señaló que la expansión de la inteligencia artificial de código abierto, los servicios de programación por encargo y las plataformas digitales permitieron a las redes criminales acceder a herramientas que antes requerían mayores recursos técnicos. Las comunicaciones cifradas, los activos digitales y los servicios destinados a facilitar delitos informáticos completaron un escenario que amplió las posibilidades de acción de estas organizaciones.
El alcance de estas prácticas quedó reflejado en las estafas en línea. Una encuesta realizada en 42 países y citada por el organismo estableció que durante 2025 el 57% de los adultos atravesó una estafa en los doce meses anteriores y que el 23% perdió dinero como consecuencia de esos hechos. Las estimaciones incluidas en el informe ubicaron en hasta un billón de dólares las pérdidas provocadas por estafas durante 2024.
UNICRI señaló que las consecuencias del ciberdelito excedieron las pérdidas económicas directas y alcanzaron a personas sometidas a explotación laboral en centros de estafas, sus familias y distintos sectores de las economías nacionales. La expansión de estas modalidades se produjo junto con una mayor capacidad de las organizaciones criminales para aprovechar las diferencias regulatorias entre países y las dificultades de los Estados para controlar operaciones financieras y comerciales que atraviesan distintas jurisdicciones.
El informe dio cuenta de una transformación mayor en América Latina, esto implicó a las principales estructuras dedicadas al narcotráfico, que ampliaron sus actividades hacia otros negocios y se convirtieron en redes policriminales con intereses en la agricultura, la minería, la pesca y la explotación de recursos naturales. El Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, en México, junto con el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, en Brasil, fueron incluidos entre las organizaciones que diversificaron sus fuentes de ingresos.
La expansión alcanzó actividades vinculadas con la minería ilegal, los recursos naturales, los bienes agrícolas y otros productos de alto valor. Estas organizaciones utilizaron sus vínculos con empresas, el conocimiento de las cadenas de suministro y relaciones con actores corruptos para insertar actividades ilícitas dentro de circuitos de la economía legal. El informe corroboró que algunas redes buscaron nuevos mercados y rutas fuera de América Latina mediante acuerdos con grupos locales, intermediarios y funcionarios corruptos en países de tránsito y destino.
El impacto sobre niños y adolescentes constituyó otro de los aspectos centrales del análisis. Naciones Unidas verificó durante 2025 el reclutamiento y utilización de 371 niños en Colombia, principalmente por parte de disidencias de las FARC-EP y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En Haití, casi 900 niños fueron reclutados y utilizados por bandas armadas durante el mismo año. El organismo señaló que 2025 registró el mayor número de niños afectados por violaciones graves desde el inicio del mecanismo de seguimiento de Naciones Unidas. La violencia contra menores creció con particular intensidad en territorios donde las organizaciones criminales ampliaron su presencia. En Ecuador, la tasa de homicidios entre niños y adolescentes aumentó 640% entre 2019 y 2023, en un contexto marcado por el crecimiento de la violencia asociada al crimen organizado.
El informe registró una reducción de la tasa mundial de homicidios, que pasó de 5,9 casos por cada 100.000 habitantes en 2015 a 5,2 en 2023. De mantenerse las tendencias observadas, Naciones Unidas estimó que la tasa global podría reducirse 25% entre 2015 y 2030. Sin embargo, la evolución no fue uniforme entre las distintas regiones.
América Latina y el Caribe y África subsahariana concentraron aproximadamente dos tercios de las víctimas de homicidio del mundo, en un escenario en el que la presencia de organizaciones criminales, pandillas y redes transnacionales tuvo un peso significativo sobre los niveles de violencia. En el continente americano, UNICRI estimó que el crimen tuvo un costo de 192.000 millones de dólares durante 2022, equivalente al 3,44% del Producto Interno Bruto regional. Ese monto representó el 78% del gasto destinado a educación y duplicó los recursos destinados a programas de asistencia social.
Frente a la expansión de estas estructuras, distintos sistemas de justicia reforzaron respuestas centradas en la seguridad y el control mediante tácticas policiales militarizadas, penas más severas y políticas penitenciarias de mayor dureza. UNICRI señaló que en América Latina y África austral las organizaciones criminales lograron penetrar sistemas penitenciarios débiles y reducir el control efectivo del Estado sobre las cárceles.
El avance tecnológico incorporó otro frente de disputa para las instituciones encargadas de la seguridad. Las fuerzas policiales incrementaron el uso de cámaras con inteligencia artificial, sistemas de reconocimiento facial y herramientas automatizadas para procesar información y colaborar con investigaciones. El organismo de Naciones Unidas señaló que los mecanismos regulatorios, las instancias de supervisión y las garantías destinadas a controlar estas tecnologías no avanzaron necesariamente al mismo ritmo.
UNICRI indicó que el uso de inteligencia artificial en tareas policiales puede incorporar nuevos riesgos cuando los sistemas producen información incorrecta que luego es utilizada dentro de una investigación o incorporada a un expediente. De esta manera, el informe planteó que la incorporación de nuevas tecnologías a la lucha contra el crimen requiere controles institucionales capaces de acompañar el ritmo de transformación de las propias herramientas utilizadas por las organizaciones criminales.
