Por Redacción
La Corte Suprema de Justicia habilitó el artículo 154 del DNU 70/2023, firmado por el Presidente Javier Milei, que derogaba la Ley de Tierras y eliminaba los límites establecidos para la propiedad de campos en manos extranjeras. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes no se pronunciaron sobre la constitucionalidad del decreto y rechazaron la acción presentada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) por considerar que la organización no tenía legitimación para impulsar la causa.
La Ley de Tierras fue sancionada en 2011 y establecía que la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros no podía superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. La norma fijaba, a su vez, un límite de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero y contemplaba restricciones sobre tierras con cuerpos de agua y aquellas ubicadas en zonas de seguridad de frontera. La derogación de esas disposiciones había sido frenada mediante una acción judicial presentada por el CECIM La Plata, que planteó la inconstitucionalidad del DNU 70/2023. El planteo buscaba impedir la eliminación de los límites fijados por la legislación vigente sobre la propiedad extranjera de tierras rurales.
El máximo tribunal, que responde a las políticas coloniales del régimen liberal, resolvió la causa sin analizar la constitucionalidad del artículo 154 del DNU. En un fallo de ocho páginas, Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz centraron su decisión en la legitimación del CECIM para intervenir en el expediente y concluyeron que la organización no estaba habilitada para impulsar la acción. La decisión eliminó, en consecuencia, el marco legal que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El CECIM rechazó el fallo de la Corte, en tal sentido explicó que «acaba de resolver el problema político en que el gobierno de Milei se había metido. Mientras el pueblo gritó con fuerza que «LA PATRIA NO SE VENDE», la Corte entendió que no existe algo así como un bien jurídica soberanía, y rechazó nuestra demanda para evitar la derogación de la Ley de Tierras, que el presidente intentó a poco de asumir, mediante el Decreto 70/23. Lo hizo pateando la pelota afuera. No exploró el planteo jurídico. Dijo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no estaba legitimada. Dijo, con claridad, que este grupo de ex soldados conscriptos, combatientes de Malvinas, no podemos acudir a la Justicia en defensa de la soberanía».
Por otro lado, remarcó que «si atendemos a que esta Corte conforma el Estado argentino, en su esquema de tripartición de poderes. Un Estado argentino que, en 1982, nos mandó a batallar bajo el argumento de la «defensa de la soberanía nacional». Rara consideración la de esta Corte. Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal. El fallo no solo se pela con el derecho. Lo hace con la humanidad, con la razonabilidad. Esta Corte es indigna, por la temeridad y violencia con la que, sistemáticamente, violenta al pueblo argentino, a su territorio, a su capacidad de decidir».
«La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta. Acaba de decirle al mundo entero que, si quiere, pueden venir a comprar municipios, provincias, zonas de frontera, ríos, valles, bosques, quebradas, incluidas las Islas Malvinas. Tú si puedes comprar mi viento, tú si puedes comprar mi sol, tú si puedes comprar la lluvia, tú si puedes comprar el calor. Lo hizo de forma cobarde, diciendo que no lo hacía, que el problema estaba en si los excombatientes podíamos o no acudir a la justicia. Entendió que no, y al hacerlo le concedió el regalito del año a Javier y a Karina Milei», afirmó el CECIM.
Por último, enfatizó: «Que nadie salga a pretender dibujar la historia de la tragedia judicial argentina con argumentos técnicos. Es la misma Corte que, institucionalmente, adoptó hace casi 100 años la «doctrina de facto», y convalidó lo hecho por las dictaduras en nuestro país; la que funciona con 3 miembros que tienen más poder que un dios al que nadie puede evaluar. Esa Corte, hoy, es la responsable política e institucional de la venta de las tierras argentinas a extranjeros».
