Por Patricio Mircovich Hay una falacia histórica que de tanto repetirse pareciera haberse convertido en verdad y que, más que competencia, resulta de una enorme pelotudez seguir discutiendo: la necesidad de enfrentar a nuestros muertos. Como si recordar a José Ignacio Rucci obligara a denostar a Agustín Tosco, como si reconocer las víctimas de un sector significara negar las del otro y como si cincuenta años después todavía necesitáramos elegir de qué lado de los cadáveres pararnos para explicar la Argentina.
No quiero discutir esta vez quién mató a Rucci. Muchísimo se ha escrito sobre eso y no creo que allí esté lo que todavía tenemos que preguntarnos. Tampoco voy a ocultar algo que es profundamente personal: para mí Rucci sí ocupa un lugar distinto entre las víctimas de aquellos años. Por lo que representaba, por lo que significó para Perón, por el momento en que lo asesinaron y también, por qué no decirlo, por lo que su figura significa para mí. No pretendo que esa valoración personal establezca una jerarquía que los demás deban compartir. Las víctimas fueron argentinas y el drama fue de todo el Pueblo Argentino.
Precisamente por eso me interesa otra cosa: qué estaba pasando en la Argentina cuando mataron a Rucci, qué estaba intentando construir Perón y por qué aquel asesinato ocurrió apenas dos días después de que el Pueblo Argentino le entregara el 61,85 por ciento de los votos al hombre que durante dieciocho años había esperado volver a elegir. Porque las fechas, cuando se las coloca juntas, dicen bastante.
Perón había regresado definitivamente al país. Había transformado aquel “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista” en “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”. No era una corrección literaria ni una frase bonita para cerrar discursos. Era la definición política de la etapa que pretendía conducir. Ya el 20 de noviembre de 1972 se había sentado en el restaurante Nino con dirigentes de distintos partidos políticos. Balbín había dejado de ser simplemente el adversario radical para convertirse en uno de los interlocutores necesarios de una reconstrucción que Perón sabía imposible de realizar únicamente con los peronistas.
Y esa misma lógica aparecía en la economía. José Ber Gelbard, proveniente de la Confederación General Económica y no de las estructuras tradicionales del peronismo, ocupaba el Ministerio de Economía. La CGT conducida por Rucci y la CGE habían avanzado en el Pacto Social, que finalmente se firmó el 8 de junio de 1973 entre trabajadores, empresarios y Estado. No era la desaparición del conflicto de intereses ni mucho menos una Argentina sin contradicciones. Era el intento de conducir esas contradicciones dentro de un proyecto nacional.
Rucci comprendía perfectamente el lugar que ocupaba y también los riesgos. Carlos Leyba, que participaba de aquellas negociaciones, recordó años después que, al momento de discutir el acuerdo, Rucci lanzó una frase tremenda: “Con este acuerdo estoy firmando mi sentencia de muerte”. No hace falta convertir aquella frase en profecía para comprender su significado político.
El 23 de septiembre Perón fue elegido presidente por una mayoría abrumadora. Dos días después asesinaron al Secretario General de la CGT.
¿De verdad puede analizarse semejante acontecimiento separándolo del momento político en que ocurrió?
Durante años se construyó además una explicación cómoda según la cual después del asesinato de Rucci apareció o se endureció una derecha que hasta entonces prácticamente no existía y de allí, siguiendo una línea más o menos automática, se desencadenaron los males posteriores. Es una explicación demasiado sencilla para una historia demasiado compleja. La violencia política, las organizaciones armadas, las disputas internas del Movimiento, los enfrentamientos sindicales, Ezeiza, las concepciones revolucionarias que pretendían continuar la lucha armada y los sectores reaccionarios que ya actuaban no nacieron el 26 de septiembre de 1973. Existían antes de que Rucci cayera asesinado.
Negarlo no ayuda a comprender aquella tragedia. Solamente permite ordenar retrospectivamente la historia para que unos sean siempre víctimas y otros sean siempre victimarios. Y allí aparece una cuestión que me preocupa mucho más que la vieja discusión sobre quién ganó una polémica sindical hace cincuenta años.
He participado durante mi vida de innumerables homenajes a compañeros asesinados del Movimiento Obrero. He visto recordar trabajadores perseguidos, presos y muertos. Nunca encontré en esos homenajes la necesidad de buscar el cadáver del adversario para colocarlo al lado y decir: el nuestro vale más. Nunca vi que la venganza fuera el denominador común. Muy por el contrario, casi siempre el recuerdo terminaba hablando del trabajo, del esfuerzo, de la organización y de la responsabilidad de construir una Patria común a todos.
Quizás por eso todavía me resulta difícil comprender lo ocurrido un 25 de septiembre de 2020 en la Cámara de Diputados. Se recordaba a José Ignacio Rucci y Máximo Kirchner, entonces presidente del bloque oficialista, decidió traer a aquella escena la figura de Agustín Tosco. ¿Para qué?
La pregunta no pretende desconocer a Tosco. Precisamente todo lo contrario. Tosco no necesita ser utilizado contra Rucci para ocupar el lugar que ocupa en la historia del Movimiento Obrero argentino. Ambos protagonizaron uno de los debates sindicales más recordados de nuestra historia y sostuvieron posiciones profundamente diferentes. Pero discutían política. Y hay un dato mucho más incómodo para quienes necesitan convertirlos eternamente en enemigos: Tosco condenó el asesinato de Rucci.
Hasta la propia Unión Obrera Metalúrgica ha llevado aquella discusión al teatro. Y allí no necesitó deformar a Tosco, ridiculizarlo ni convertirlo en un monstruo para reivindicar a Rucci. Se recuperó precisamente lo contrario: el nivel político de dos dirigentes obreros capaces de discutir dos concepciones diferentes frente a frente.
Entonces vuelvo a preguntarme: ¿por qué medio siglo después necesitamos enfrentarlos nosotros?
Hay algo profundamente equivocado cuando la memoria deja de servir para comprender y comienza a utilizarse para seleccionar víctimas. Y mucho más cuando esa selección termina proyectándose sobre el presente. Durante demasiado tiempo una parte de nuestra política de derechos humanos construyó una memoria en una sola dirección. Eso no vuelve menos monstruosos los crímenes del terrorismo de Estado ni disminuye en una sola víctima la responsabilidad de la dictadura. Pero tampoco puede obligarnos a borrar a los argentinos asesinados antes del 24 de marzo de 1976 porque sus muertes resulten incómodas para determinada interpretación histórica. No hay muertos que sobren.
Tampoco hay que inventar equivalencias para reconocerlos. No se trata de empatar cadáveres ni de construir una teoría de los dos demonios con camiseta partidaria. Se trata exactamente de lo contrario: dejar de utilizar los muertos para continuar una pelea que ellos mismos, muchas veces, fueron capaces de llevar adelante políticamente sin necesidad de exterminarse. Y aquí aparece Perón.
Un Perón viejo, sí. Un Perón que sabía que le quedaba poco tiempo. Pero también un Perón que regresaba después de dieciocho años de proscripción intentando terminar una guerra interna que amenazaba con devorarlo todo. Sindicatos, empresarios, radicales, peronistas, sectores políticos que habían sido enemigos irreconciliables comenzaban, con enormes dificultades, a reconocerse dentro de una misma Nación.
No todos aceptaron aquella etapa. Algunos continuaron pensando la política con las categorías de la guerra cuando Perón estaba diciendo que había llegado la hora de la reconstrucción.
Por eso quizás el interrogante que deja cada 25 de septiembre no debería ser solamente quién mató a José Ignacio Rucci.
Deberíamos preguntarnos qué se quiso matar políticamente cuando se disparó contra él apenas dos días después del triunfo electoral de Perón.
¿A un dirigente sindical? ¿Al hombre de confianza de Perón dentro del Movimiento Obrero? ¿Al Pacto Social? ¿La posibilidad de una concertación entre trabajadores y empresarios? ¿La autoridad del propio Perón? ¿O fue simplemente una decisión criminal tomada dentro de una lógica política que había perdido la capacidad de comprender que la etapa había cambiado?
No tengo necesidad de fabricar una respuesta absoluta para formular esas preguntas. Pero sí hay algo que medio siglo después deberíamos haber aprendido.
El Movimiento Obrero, incluso cuando tuvo profundas diferencias con gobiernos a los que había acompañado, supo muchas veces retroceder antes de transformar una diferencia política en una ruptura definitiva. Acertó algunas veces y se equivocó otras, como todos. Pero hay una tradición allí: la conciencia de que conducir no consiste solamente en avanzar. A veces también significa saber hasta dónde llevar una contradicción para no destruir aquello que después habrá que reconstruir. Perón lo comprendió cuando volvió a la Argentina.
Había pasado dieciocho años esperando regresar. Podía haber vuelto a cobrarse cada persecución, cada fusilamiento, cada cárcel, cada compañero asesinado y cada humillación sufrida por su Pueblo. Sin embargo volvió hablando de unidad nacional. Ese dato también forma parte de la historia.
Quizás por eso cada 25 de septiembre deberíamos dejar por un momento de discutir quién tiene derecho a apropiarse de qué muerto y preguntarnos algo bastante más incómodo.
Si Rucci y Tosco pudieron enfrentarse políticamente sin necesitar borrar al otro, si un Movimiento Obrero perseguido y con muertos propios pudo recordar a sus compañeros sin convertir cada homenaje en una convocatoria a la venganza y si el propio Perón, después de dieciocho años de proscripción, volvió convocando a sus antiguos adversarios para reconstruir la Nación, ¿qué es exactamente lo que nosotros seguimos sin poder superar cincuenta años después?
Porque tal vez el verdadero problema nunca haya sido la memoria.
Tal vez sea lo que algunos todavía quieren hacer con ella.
