Por Redacción
Organizaciones sindicales, políticas y sociales participaron el último miércoles de la Marcha Federal en Defensa de la Salud desde el Ministerio de Salud de la Nación hasta Plaza de Mayo para denunciar el impacto de los recortes impulsados por Javier Milei y el Ministro de Salud Mario Lugones. En este marco, el Foro por el Derecho a la Salud difundió un documento en el que puso de manifiesto el impacto del ajuste aplicado por el gobierno libertario y aseguró que tiene consecuencias concretas sobre la atención médica y golpea con mayor fuerza a los sectores populares.
El Foro por el Derecho a la Salud denunció que el desfinanciamiento ya afecta el acceso a medicamentos, vacunas y tratamientos, con consecuencias especialmente graves para los sectores más vulnerables. Según los datos que difundieron los convocantes, el 80% de las obras sociales no logra cubrir con su recaudación el Programa Médico Obligatorio, lo que deriva en una reducción de prestaciones y mayores obstáculos para acceder a tratamientos. La mitad de quienes se atienden en el sistema público tiene obra social o prepaga, un dato que refleja el deterioro de la cobertura privada y la presión creciente sobre los hospitales y centros de salud estatales.
Entre los sectores más golpeados aparecen los jubilados: uno de cada cuatro no puede acceder a los medicamentos que necesita, mientras el PAMI perdió el 40% de su presupuesto. El cierre del programa Remediar —que durante años garantizó el acceso gratuito a medicamentos esenciales en todo el país— agravó ese cuadro. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires alertó sobre el «profundo deterioro» del sistema sanitario por las políticas de ajuste y desfinanciamiento, y reclamó «proteger la dignidad de los pacientes y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio profesional». La entidad sostuvo que la salud pública es un pilar democrático que no puede ser una variable de ajuste.
El titular de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, indicó: «Expresamos nuestra profunda preocupación por el impacto de estas políticas en el sistema de salud, el financiamiento de provincias y municipios, y la continuidad de programas nacionales esenciales, incluido el funcionamiento del PAMI. Asimismo, advertimos sobre el deterioro progresivo de la atención sanitaria y la urgencia de fortalecer el sistema público de salud. Sostenemos que es necesario poner un límite a esta situación. Por eso, convocamos y acompañamos esta movilización en defensa de la salud y las universidades, entendiendo que ambas deben estar plenamente garantizadas por el Estado como derechos fundamentales de la población».
Los recortes anunciados por el gobierno nacional incluyen: $63.000 millones menos para investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer; $20.000 millones menos para medicamentos; $500 millones menos para prevención de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles; $800 millones menos para VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra; $900 millones menos para salud sexual y procreación responsable; $1.500 millones menos para prevención de enfermedades endémicas y $25.000 millones menos para el fortalecimiento de los sistemas de salud provinciales.
