Por Redacción
La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a sostener el programa Volver al Trabajo y habilitó al Gobierno libertario a interrumpir el pago del beneficio desde agosto. La decisión judicial afectará a cerca de un millón de trabajadores de la economía popular, que dejarán de percibir un ingreso mensual de entre 78.000 y 80.000 pesos. En este marco, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular se declaró en estado de alerta y adelantó que realizará nuevas presentaciones judiciales con protestas en todo el país para exigir la restitución del programa.
El fallo hizo lugar a la apelación presentada por el Gobierno nacional y dejó sin efecto la resolución dictada en primera instancia por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. El magistrado había considerado que la suspensión del programa implicaba un retroceso en materia de derechos para personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad. Los jueces de la Cámara sostuvieron, en cambio, que mantener vigente la cautelar significaba adelantar el resultado del proceso judicial de fondo, motivo por el cual resolvieron revocar la protección que garantizaba la continuidad del beneficio hasta que existiera una sentencia definitiva.
La resolución tendrá efectos inmediatos. A partir de agosto, los titulares del programa dejarán de cobrar una prestación que, para numerosas familias, constituye el único ingreso destinado a afrontar gastos esenciales. El conflicto se originó cuando el Gobierno liberal desvinculó el programa del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Hasta diciembre de 2023, la prestación equivalía al 50 por ciento de ese haber, mecanismo que permitía su actualización automática. Desde entonces, el monto quedó fijado en 78.000 pesos y no volvió a modificarse.
Organizaciones sociales estimaron que, si se hubiese mantenido el esquema anterior, el beneficio rondaría actualmente los 186.200 pesos. Esa diferencia representa una fuerte pérdida del poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida y de la Canasta Básica Alimentaria. Dede las organizaciones populares confirmaron que este viernes por la tarde se realizará una reunión para definir la respuesta frente al fallo. Aunque todavía no existe una resolución formal, trascendió que las buscan consensuar un plan de acción con fuerte presencia en las calles. Entre las alternativas que analizan figura la posibilidad de fortalecer la jornada de protesta convocada para el 22 de julio por la CGT, las dos CTA y la UTEP. La decisión definitiva quedará sujeta al resultado de las reuniones previstas en las próximas horas.
