Por Redacción
La Confederación General del Trabajo pidió la recusación de los magistrados de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Al mismo tiempo, exigió la nulidad de la resolución que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía cerca de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral. La dirigencia sindical acusó al juez Arturo Pesino de recibir un «beneficio directo del Poder Ejecutivo Nacional». En este contexto, el Ejecutivo mandó al Senado un pedido para que el letrado permanezca en el cargo luego de cumplir la edad para el retiro.
El Consejo Directivo de la CGT expuso que «la decisión se funda en hechos de extrema gravedad institucional que comprometen la imparcialidad judicial, el debido proceso y la independencia de poderes». Asimismo, explicó que «la recusación del juez Víctor Arturo Pesino está alcanzada por una causal objetiva de apartamiento: su intervención en la causa se produjo en un contexto en el que podía recibir un beneficio directo del Poder Ejecutivo Nacional, consistente en la continuidad en su cargo más allá del límite constitucional de edad».
La conducción de la Central Obrera enfatizó que resulta inadmisible «que un magistrado con una solicitud personal sujeta a la decisión del mismo Estado que es parte en el proceso intervenga en una resolución que lo favorece. Esta situación configura una manifiesta incompatibilidad con el deber de imparcialidad y afecta la confianza pública en la administración de justicia».
Por otro lado, señaló que «la recusación alcanza a los integrantes de la Sala VIII por prejuzgamiento, al haber adelantado opinión sobre el fondo de la cuestión sin contar con competencia para intervenir, vulnerando garantías básicas del debido proceso». Agregó que «la resolución cuestionada fue dictada sin competencia funcional, desconociendo la intervención previa de otra Sala, con una celeridad inusual, sin respetar los pasos procesales ni garantizar el derecho de defensa, evidenciando una parcialidad manifiesta a favor del Estado y alterando el equilibrio entre las partes».
La CGT denunció que «los magistrados incurrieron en un cambio arbitrario de criterio, desconociendo precedentes propios en materia laboral y negando el carácter de sujetos vulnerables a las y los trabajadores, en abierta contradicción con la Constitución Nacional y los tratados internacionales».
Por último, el Consejo Directivo de la Central Obrera precisó: «En este marco, hemos solicitado el apartamiento inmediato de los jueces recusados, la declaración de nulidad de la resolución que otorgó efecto suspensivo a la medida cautelar y la vigencia de lo resuelto en primera instancia. La defensa de los derechos laborales exige transparencia, imparcialidad y respeto irrestricto a la Constitución Nacional».
