*Por Guadi Calvo Hace menos de un mes referíamos acerca del empeoramiento de la ya crónica crisis político-militar en Sudán del Sur, donde, prácticamente a diario, se aceleran los enfrentamientos entre las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF), el ejército regular que responde al presidente constitucional, Salva Kiir, que intentaba contener los avances del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés en la Oposición (SPLM-IO), que apoya al “suspendido” vicepresidente, Riek Machar. (Ver: Sudán del Sur: coqueteando con el genocidio).
Machar se encuentra bajo arresto domiciliario y en pleno proceso judicial, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos por el SPLM-IO, junto a una milicia aliada conocida como el Ejército Blanco. Situación que abre un juego extremadamente peligroso, que podría reiniciar el conflicto que se había mantenido larvado, con sus bajas y altas, desde hace poco menos de diez años, tras el Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS), que supuestamente puso fin a la guerra civil de Sudán del Sur (2013-2018), que dejó cerca de medio millón de muertos.
A partir de finales de 2024, el gobierno de Kiir comenzó una serie de operaciones militares contra los gobiernos de los estados de Equatoria Occidental, Bahr el-Ghazal Occidental y Alto Nilo, todos gobernados por el SPLM/A-IO, que, a su vez, contaban con milicias propias. Desde entonces y hasta este último domingo, nada ha cambiado en la nación más joven, donde todo parece dispuesto para que la guerra vuelva a estallar, repitiendo los mismos esquemas que se habían planteado antes de la guerra civil.
Mientras tanto, las elecciones, que se espera puedan realizarse el 26 de diciembre, las primeras desde la fundación del país en 2011, agregan mayor presión al estado de cuestionamiento de todas las estructuras gubernamentales. Según los acuerdos planteados, el proceso eleccionario no permitiría “un nuevo aplazamiento”. Una vara demasiado alta, que se podría convertir en un problema más que en una solución que saque de esta encerrona al país. En este contexto, la paz aparece, por lo menos, tan o más lejana que el mes de diciembre.
Según han informado fuentes oficiales desde Juba, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur han recuperado el control de la ciudad de Lankien. Esto ocurrió tras varios días de combates en el condado de Nyirol, en el estado de Jonglei, que es de mayoría nuer y, por lo tanto, seguidor de Machar y el SPLA-IO. Los enfrentamientos dejaron una treintena de combatientes del SPLA-IO muertos, mientras que las fuerzas gubernamentales habrían perdido siete de sus hombres. El antecedente inmediato de estos enfrentamientos, que habían empezado el jueves anterior, se produjo el martes, después de que se reportara el robo de ganado en Padang Payam, en el estado de Unidad, en el norte del país, que provocó quince muertos, incluidos seis niños, además de veinte heridos.
Respecto del fenómeno del abigeato, no es una novedad, ya que ese tipo de crímenes son frecuentes en el país, empujados fundamentalmente por la pobreza extrema que ha puesto a cerca de siete millones de personas al borde de la hambruna. La situación se ha agravado por el alto nivel de corrupción e inseguridad, debido a la descomposición de las estructuras de control del Estado, si algo así alguna vez ha existido.
Según denunciaron las autoridades locales, los cuatreros habían llegado desde Ruweng, una de las áreas con mayores índices de violencia del país, donde desde marzo último ya han sido asesinadas 169 personas. Las autoridades consideran que este incremento de la violencia ha dejado de responder simplemente al robo de ganado, y que está relacionado con la situación de inestabilidad política que impera en el país desde que se quebró el gobierno en 2013 y comenzó la guerra civil entre los bandos liderados por el presidente Salva Kiir, de origen dinka, y su vicepresidente, Riek Machar, de la etnia nuer, quienes habían sido compañeros durante los largos años de la guerra independentista contra Jartum.
Las elecciones, que se espera puedan realizarse en diciembre, habían sido prometidas en 2023 por el presidente Kiir para 2024, aunque, debido a la violencia armada, fueron pospuestas en dos oportunidades. Por lo tanto, de no poder cumplirse como están previstas, según diferentes analistas, terminarían de desatar una nueva guerra civil. En coincidencia con estas opiniones, expertos de Naciones Unidas han advertido, a principios de año, acerca del altísimo riesgo de que se ejecute “violencia masiva contra la población civil”.
Mientras tanto, el recrudecimiento de la crisis ha provocado en los últimos meses el desplazamiento de cientos de miles de personas hacia otras localidades en el interior del país y hacia naciones vecinas. Respecto al abigeato en Padang Payam, no es una novedad. Ese tipo de crímenes son frecuentes en el país, empujados por la pobreza extrema, que ha dejado a cerca de siete millones de personas necesitadas de ayuda alimentaria urgente. Esta situación se ve agravada por el alto nivel de corrupción e inseguridad.
Desplazados, violencia sexual y petróleo
En Sudán del Sur, los movimientos poblacionales siguen siendo constantes e impredecibles. Solo en el condado de Akobo, en el estado de Jonglei, que tiene frontera con Etiopía, uno de los más afectados por la actual situación del país, se produjo el desplazamiento de unas 150 mil personas, mientras que otras 300 mil abandonaron Jonglei desde el pasado mes de diciembre. Se calcula que unas 100 mil buscaron refugio en Etiopía.
Las graves consecuencias humanas y sociales para las comunidades afectadas son bien conocidas por la experiencia de fenómenos similares en la historia; cada comunidad afectada lo vive como lo que es para ellos una novedad, y esto tiene un costo personal altísimo para cada una de las víctimas. Ya que tanto adultos como niños no solo enfrentan el desarraigo, sino que, en muchísimos casos, afrontan la experiencia de ver morir, de las maneras más crueles, a familiares y amigos. Mientras que para las mujeres todo es infinitamente peor, ya que, en las guerras contemporáneas, como nunca antes, la violencia sexual contra ellas se ha convertido en un arma más de guerra. En muchos casos no solo deben sufrir el abuso físico, verse separadas de sus familias y ver a sus hijos reclutados de manera forzada por alguna de las facciones; las que con “suerte” consiguen escapar, mientras ellas pasan a ser convertidas en esclavas sexuales a disposición de la tropa.
Para los desplazados, muchas veces es peor volver a sus lugares una vez que los combates han seguido otros rumbos, ya que encuentran sus aldeas destruidas y saqueadas, los animales muertos, los sembradíos destruidos y las pocas infraestructuras de las que disponían (usinas, plantas potabilizadoras, postas sanitarias o escuelas) destruidas, viéndose obligados a comenzar absolutamente todo desde cero, siempre con la incertidumbre de que, de un momento a otro, deban volver a abandonarlo todo, si tienen la suficiente suerte.
En el contexto de refugiados y desplazados, se estima que la cifra alcanza a los seis millones, a los que hay que sumar el millón y medio de sudaneses asilados que han llegado escapando de su país en el contexto de la guerra civil que comenzó en abril de 2023. Si bien en muchos casos a este conflicto se le pretende dar un cariz étnico, político y hasta ideológico, la verdadera raíz de la disputa está en quién se queda con el control de los recursos petroleros del país, la única fuente de recursos ciertos.
Las autoridades que dicen organizar el proceso eleccionario todavía no han conseguido ponerse de acuerdo con los partidos políticos para que estos completen los certificados de inscripción y organización. Más allá de ello, el país nunca consiguió construir instituciones capaces de intervenir en disputas políticas de manera efectiva. Aunque también existe la duda de si el régimen del presidente Kiir estaría dispuesto a entregar el poder en caso de que triunfe una fuerza opositora. Algo que, hasta ahora, parece tan remoto como el mes de diciembre.
*Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.
