Por Redacción
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia rechazó el pedido de reapertura de la causa por el naufragio del buque pesquero Repunte, ocurrido el 17 de junio de 2017. El expediente había quedado archivado el año pasado por decisión del juez federal de Rawson, Gustavo Lleral. Los familiares de las víctimas apelaron esa resolución, aunque el tribunal de alzada confirmó que la investigación no volverá a abrirse.
En este marco, las familias de las víctimas rechazaron el fallo judicial y denunciaron que «este fallo representa el «Segundo Hundimiento del Repunte». Si el 17 de junio de 2017 el mar se llevó la vida de nuestros hijos, padres y hermanos, hoy es el Poder Judicial el que intenta sepultar la verdad y la posibilidad de justicia». Asimismo, aseguraron que «es un golpe totalmente inesperado y una muestra de la falta de voluntad para juzgar el naufragio con más muertes en la historia de la pesca argentina».
Desde la organización Ningún Hundimiento Más, expresaron que «la trampa de los fundamentos judiciales: La burocracia sobre la vida La Cámara Federal pretende cerrar la causa bajo argumentos que garantizan la impunidad. Sostienen que el buque contaba con «certificados de seguridad vigentes» y que los empresarios actuaron dentro de un supuesto «riesgo permitido». Además, aplican la figura de la «prohibición de regreso», pretendiendo que los armadores e inspectores no tienen responsabilidad sobre lo que sucede una vez que el barco zarpa».
Las familias de los tripulantes desaparecidos en el mar argentino, remarcaron que «la verdad está por encima de los papeles: La justicia elige ignorar que esos certificados se obtuvieron con datos falsos sobre la estabilidad del buque (como la existencia de aletas de balance inexistentes). Para los jueces, un sello en una oficina vale más que la realidad de un barco que era una trampa mortal».
Del mismo modo, remarcaron que la Cámara evidenció «desprecio por la prueba técnica» y agregaron que «se han señalado como «irrelevantes» las pericias de la JST que demuestran que el barco no estaba apto para la pesca de langostino y que su estructura estaba degradada («parche sobre parche») y que esto modifico su estabilidad».
En esa línea, subrayaron que «al negar el juicio oral, la Cámara impide que estas pruebas sean confrontadas y expuestas ante la sociedad. Al culpar exclusivamente al clima o a las decisiones finales del capitán (víctima también de esta tragedia), la justicia libera de culpa a quienes enviaron a 12 hombres al mar en condiciones precarias por mera ambición económica».
Frente a este estado de situación, anunciaron que llevarán s su reclamo «ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompañados por la Asamblea de Derechos Humanos a nivel nacional (APDH). El Estado Argentino ha fallado en su deber de investigar y sancionar la muerte de 10 trabajadores. No permitiremos que el derecho a la verdad sea pisoteado por tecnicismos legales que solo protegen a los poderosos».
«Las familias del Repunte no bajamos los brazos. No buscamos venganza, solo exigimos justicia para que estos hechos no queden impunes y se puedan evitar en el futuro. Seguimos de pie por los que quedaron en el mar y por los que hoy siguen navegando en condiciones de riesgo», concluyeron.
