Por Redacción
El Gobierno libertario profundizó su ofensiva contra el sistema científico argentino con una decisión que impacta de lleno en la investigación pública: dio de baja todos los proyectos de innovación e investigación presentados y aprobados hace más de dos años. Pese a que tenían financiamiento asignado, el Ejecutivo canceló esas líneas de trabajo y lanzó una única convocatoria ajustada a un propósito singular: que los investigadores solo accedan a fondos si trabajan asociados a una empresa privada.
La medida se conoció tras la publicación oficial realizada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el organismo descentralizado que financia proyectos científicos. La gestión de Javier Milei ya había modificado su estructura hace cinco meses, cuando impuso por decreto un esquema que, según la comunidad académica, incrementaba la discrecionalidad en el reparto de recursos, eliminaba pluralidad de criterios y amenazaba a las universidades y a la ciencia básica. Hoy, esa advertencia quedó confirmada.
El documento oficial de la Agencia muestra la orientación impuesta por la administración libertaria. Allí se afirma que los proyectos deberán estar destinados a “investigación aplicada” en asociación con empresas, justificando ese giro con el argumento de “dar fin a un modelo que diluía los recursos en una multiplicidad de proyectos”. En ese texto, el Gobierno sostuvo que los trabajos solo resultarán admisibles si “evidencian un carácter innovador en su aplicación productiva, con resultados que sean transferibles o implementables en una empresa, promoviendo procesos de innovación que generen valor económico y social”.
De esta manera el Estado retira financiamiento a la construcción del conocimiento científico y la entrega del destino de la investigación al sector privado. La ciencia básica —motor de avances médicos, biotecnológicos, ambientales y tecnológicos en toda democracia desarrollada— queda fuera de la agenda pública y queda subordinada a intereses empresariales.
La decisión no surge como un hecho aislado. Forma parte de una política sistemática de desmantelamiento del sistema científico argentino. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante los primeros once meses de 2025, el Gobierno de Milei redujo un 83% el financiamiento del Programa de Promoción de la Investigación e Innovación. Esa caída fue acompañada por una poda generalizada que alcanzó a los principales organismos científicos del país: –32% a la CONAE, –32% al CONICET, –36% al Servicio Meteorológico Nacional, –32% al Servicio Geológico Minero Argentino, –27% a la Fundación Miguel Lillo y –15% a la CONEAU.
Mientras la ciencia pública queda arrinconada y el Estado se retira de su responsabilidad histórica, el país enfrenta un retroceso que compromete a futuras generaciones. La estrategia del gobierno libertario reduce la producción de conocimiento a un negocio y convierte a la investigación en un servicio subordinado a las demandas empresariales. En nombre de la libertad de mercado, Milei impone un modelo que condena la soberanía científica argentina al abandono.
