Por Redacción
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, denunció penalmente en las últimas horas a Javier Milei y a funcionario de su gobierno, por irregularidades en el manejo de fondos de la seguridad social. La presentación fue realizada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a través de abogado r. Eduardo S. Barcesat.
El escrito, registrado bajo el número 204/2026, acusa a los denunciados de haber desviado fondos de la seguridad social hacia instrumentos de inversión privada controlados por la Comisión Nacional de Valores. En este contexto, Aleñá, solicitó que se investigue la comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal) en concurso con administración fraudulenta (artículo 174, inciso 5º).
Según el texto de la presentación, esos fondos pertenecen al sistema solidario de reparto que sostiene las jubilaciones de los trabajadores en relación de dependencia. La conducción del sindicato advirtió que esta situación representa un retroceso hacia esquemas similares a los implementados durante el régimen de las AFJP, que generaron perjuicios económicos a los trabajadores y beneficios para entidades financieras.
La acción penal alcanza a funcionarios políticos y administrativos que participaron en la elaboración del proyecto de ley de “modernización laboral”, así como a los legisladores nacionales que votaron a favor de la sanción de la Ley Nº 27.802. La dirigencia sindical señaló que las medidas cuestionadas vulneran el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social.
La denuncia invocó tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen la protección de los derechos laborales bajo los principios de dignidad, progresividad y no regresión. Del mismo modo, sostuvo que la decisión del Ejecutivo representa un retroceso en materia de derechos sociales, en contraposición con los estándares establecidos por la jurisprudencia nacional e internacional.
La conducción del sindicato expresó su expectativa de que la denuncia contribuya a reforzar el compromiso de los representantes institucionales con el respeto a la Constitución Nacional. Recordó que los poderes del Estado deben actuar en resguardo de los derechos del pueblo y en cumplimiento de la supremacía constitucional.
