Por Redacción
Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa el proyecto: «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», la empresa Hidden Lake S.A., propiedad del oligarca británico Joe Lewis, anunció la creación de una Reserva Natural privada en Lago Escondido, lo que implica una clara provocación al pueblo argentino y una amenaza a la soberanía nacional, dentro de una zona estratégica de la Patagonia. La iniciativa, presentada sobre las tierras adquiridas por el magnate en la década de 1990, motivó nuevos cuestionamientos por las restricciones al acceso público al lago, la legalidad del emprendimiento y el control privado de un área de seguridad de frontera.
A través de un comunicado institucional, Hidden Lake S.A. anunció: «Hoy damos un paso que nos define: nos transformamos en una Reserva Natural. Con orgullo, presentamos también nuestro nuevo logo, símbolo de una identidad que evoluciona y nos proyecta hacia el futuro». El proyecto oligárquico prevé que la denominada Reserva Natural Lago Escondido esté emplazada en las mismas tierras que Lewis apropió en la década de 1990, durante una operación que fue objeto de investigaciones judiciales y administrativas. Durante años, informes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) cuestionaron el mecanismo mediante el cual el magnate británico obtuvo miles de hectáreas a través de una compleja red de sociedades y presuntos testaferros.
En este contexto, la legisladora rionegrina Magdalena Odarda rechazó la iniciativa y sostuvo que “no cumple con ninguna normativa provincial ni nacional”. En ese sentido, explicó que una reserva natural no puede ser creada de manera unilateral por una empresa privada. Asimismo, afirmó que “la creación de una Reserva Privada es contraria al régimen de áreas protegidas. Debió haberse creado por ley y eso nunca ocurrió. En realidad, constituye una nueva forma de restringir el acceso libre al lago». La legisladora sostuvo que lo resuelto por la empresa tendrá consecuencias ambientales sobre el río Foyel, donde Hidden Lake impulsa un proyecto hidroeléctrico.
Cabe señalar que la legislación de Río Negro establece que la creación de áreas protegidas requiere la intervención de la autoridad ambiental competente, la delimitación oficial del área, el cumplimiento de procedimientos administrativos específicos y, según el caso, estudios de impacto ambiental y audiencias públicas. De acuerdo con Odarda, ninguno de esos requisitos se habría cumplido. Frente a esa situación, presentó pedidos de informes ante distintos organismos provinciales para conocer si existe autorización oficial para la nueva área protegida, cuál fue el acto administrativo que habilitó su funcionamiento, si se realizaron estudios de impacto ambiental y audiencias públicas, si la reserva limita el acceso al Lago Escondido, si afecta el camino público y el camino de sirga, si la empresa comenzó a tributar por la nueva actividad, si el emprendimiento se encuentra en una zona de seguridad de frontera y si existe relación entre la reserva y el reciente acuerdo firmado entre Hidden Lake y el Estado nacional.
El anuncio del proyecto de la creación de la reserva privada se conoció pocos días después de la homologación de un acuerdo entre Hidden Lake S.A. y el gobierno libertario de Javier Milei, afín con los intereses oligárquicos, que puso fin a una demanda iniciada en 2023 para declarar nula la venta de aproximadamente 12.000 hectáreas adquiridas por Lewis en 1996. La conciliación fue presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 4 y permitió cerrar el proceso impulsado por el propio Estado.
El proyecto de Lewis puso en evidencia el avance del capital extranjero sobre el territorio nacional, mientras la administración libertaria incentiva la disolución nacional con la creación de normativas que permiten la expropiación de tierras argentinas. Las actuaciones administrativas iniciadas en Río Negro buscarán determinar si el emprendimiento se ajusta a la legislación vigente y si la nueva figura jurídica afecta derechos garantizados por la Constitución provincial, entre ellos el libre acceso a las costas y espejos de agua públicos. No obstante, está claro que la decisión para que el oligarca al servicio de Gran Bretaña no avance sobre La Patagonia es política.
