Por Redacción
La crisis política y social en Bolivia ingresó en una etapa de mayor tensión luego de que la Central Obrera Boliviana (COB) retomara este jueves las movilizaciones masivas en la ciudad de La Paz, en el marco de una huelga general indefinida que ya lleva más de dos semanas. La protesta profundizó el conflicto entre el gobierno de Rodrigo Paz y las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas que rechazan las políticas económicas de la administración liberal boliviana y exigen cambios de fondo.
La movilización partió desde la ciudad de El Alto y avanzó hacia el centro paceño con una fuerte presencia de trabajadores y organizaciones sociales. La marcha volvió a ocupar las calles de la capital después de dos jornadas de relativa calma y se produjo en simultáneo con nuevos bloqueos de rutas y cortes en distintos puntos del país. Mientras las protestas crecían, el gobierno desplegó operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para reprimir la protesta con la excusa de garantizar el abastecimiento de combustible y despejar rutas tomadas por manifestantes. Uno de los principales procedimientos se realizó en la planta de Senkata, en El Alto, donde efectivos de seguridad escoltaron una caravana de 70 camiones cisterna para abastecer a La Paz y zonas aledañas.
Las fuerzas de seguridad realizaron otro operativo sobre la ruta hacia Santa Cruz, uno de los corredores económicos más importantes del país. El gobierno informó que logró desalojar durante la madrugada los bloqueos instalados sobre esa carretera, aunque dirigentes campesinos anunciaron que volverán a ocupar los mismos puntos en las próximas horas.
Con el correr de los días, el conflicto dejó de concentrarse exclusivamente en los centros urbanos y comenzó a expandirse sobre rutas interdepartamentales y zonas rurales. Según datos oficiales, los puntos de bloqueo pasaron de 32 a 46 en apenas 24 horas. Las organizaciones campesinas aymaras mantienen al menos 26 cortes en distintos sectores del altiplano boliviano. Las organizaciones indígenas rechazaron las declaraciones del Ejecutivo y anticiparon una profundización de las medidas de fuerza. Los sectores movilizados ratificaron que resistirán cualquier intento de desalojo militar y denunciaron una creciente militarización del conflicto social.
En medio de la escalada, el presidente Rodrigo Paz anunció la creación de un “Consejo Económico y Social”, espacio que comenzará a funcionar este fin de semana con reuniones mensuales junto a sectores dispuestos a negociar con el gobierno. Sin embargo, la administración boliviana descartó cualquier acercamiento con la conducción de la huelga general. El representante reaccionario aseguró que “no dialogará con los sectores que promueven la huelga indefinida y que exigen su renuncia al cargo”, y descalificó públicamente a los representantes de los sectores populares al llamarlo «vándalos».
La posibilidad de una negociación inmediata quedó aún más debilitada luego de que el gobierno confirmara que continúa vigente la orden de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo. La combinación de protestas masivas, bloqueos en rutas estratégicas, operativos militares y falta de canales de negociación profundizó el escenario de inestabilidad política en Bolivia, mientras las organizaciones sindicales y campesinas ratificaron la continuidad de la huelga general y las movilizaciones en todo el país.
