Por Redacción
Mientras una franja importante de la Patagonia se encuentra bajo fuego, producto de acciones deliberadas y de la ausencia de control estatal, el Observatorio de Tierras, compuesto por investigadores de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, dio a conocer un informe donde reveló que que más de 13 millones de hectáreas en el país, se encuentran en manos extranjeras.
El estudio, elaborado por Julieta Caggiano y Matías Oberlin, precisó que el promedio nacional de extranjerización ronda el 5% del territorio, aunque ese dato general oculta situaciones locales de extrema gravedad. Al desagregar la información por departamentos, los investigadores detectaron niveles de concentración que superan ampliamente los límites fijados por la Ley de Tierras 26.737, incluso en provincias donde el discurso oficial sostiene que se cumple la normativa.
El trabajo desmiente la narrativa libertaria que sirvió de argumento para modificar la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, comúnmente conocida como Ley de Tierras. Según el relevamiento, departamentos como Lácar, en Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos, en Salta, ya registran más del 50% de su superficie en manos de capitales o ciudadanos extranjeros.
En Mendoza, el departamento de Malargüe alcanzó el límite legal del 15% en coincidencia directa con el impulso de 18 nuevos proyectos mineros. En el Litoral, el fenómeno mostró cifras superiores al promedio nacional: Garay, en Santa Fe, superó el tope permitido con un 16%, mientras que La Paz y Gualeguay, en Entre Ríos, duplicaron la media del país.
El trabajo, cuya autoría pertenece a Julieta Caggiano y a Matías Oberlin, expuso que la concentración se da en nacientes de ríos, zonas con acuíferos, áreas cordilleranas con potencial minero y territorios fronterizos. Localidades vinculadas a la logística fluvial del río Paraná, como Iguazú, Ituzaingó y Campana, superaron el 30% de extranjerización, un dato que enciende alertas sobre el control estatal del agua dulce y las vías estratégicas de transporte.
Los investigadores advirtieron que «la búsqueda por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos. El reciente corolario de Trump a la Doctrina Monroe expresa un cambio en la estrategia estadounidense a nivel regional, orientado a asegurar su acceso a los recursos naturales en América Latina. En ese marco, estas decisiones pueden leerse como una redefinición de quién controla territorios clave hacia adelante”.
El mapa interactivo desarrollado con datos del Conicet mostró que, pese a que a nivel provincial no se superó el 15% establecido por ley, el control territorial quedó concentrado en nodos de alto valor geopolítico. Esa dinámica, según el informe, desdibujó el espíritu de la norma y dejó expuestas regiones sensibles. El gobierno de Javier Milei insistió en modificar la Ley de Tierras a través del llamado “Consejo de Mayo”, luego de que la Justicia frenara el DNU 70/2023 por una presentación del CECIM La Plata. En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación demoró una definición que ratifique la inconstitucionalidad del artículo 154 de ese decreto.
Para los investigadores, el objetivo de fondo tiene como objetivo habilitar nuevos negocios en territorios devastados por incendios forestales intencionales y a facilitar la transferencia de bienes comunes no reproducibles. En ese marco, Estados Unidos encabezó el ranking de extranjerización con más de 2,7 millones de hectáreas, una extensión superior a la provincia de Tucumán. Italia y España completaron el podio y, en conjunto, esas tres nacionalidades concentraron la mitad de toda la tierra extranjerizada del país.
Oberlin y Caggiano señalaron: «Definir qué se puede vender y qué no, y bajo qué reglas, no es una cuestión de carácter administrativo: ordena el acceso a recursos que son centrales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo. Por eso, en un momento de presión creciente sobre estos territorios, desarmar las protecciones existentes —que se sostuvieron durante décadas sobre la base de una visión a largo plazo del territorio y sus recursos— no es neutral: reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país».
Los investigadores reforzaron que el dato nacional resulta insuficiente para dimensionar el problema y explicaron que “a nivel nacional, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, esto supera los trece millones de hectáreas: el equivalente a la extensión de Inglaterra. Pero el dato nacional, aunque impactante, no es el más relevante. La verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando bajamos la escala y miramos por departamento, o cuando cruzamos la información con la ubicación de cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero”.
En tal sentido, remarcaron que «la derogación apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional. Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas. En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana».
