Por Redacción
El gobierno de Javier Milei logró, en las últimas horas, apoyo político en el Senado y consiguió avanzar con un dictamen de mayoría para el proyecto de “Inviolabilidad de la propiedad privada”, que modifica la Ley de Tierras Rurales aprobada en 2011. El objetivo del oficialismo es consolidar el régimen colonial a partir de la renuncia del ejercicio de la soberanía, el control de recursos estratégicos y federalismo, para ceder territorios al capital concentrado extranjero. Del mismo modo, habilita un esquema de fuerte desregulación sobre recursos considerados estratégicos para el país.
La reforma propuesta por los libertarios elimina el límite nacional que impedía que más del 15% de las tierras rurales quedaran en manos extranjeras, borra el tope por nacionalidad y deja sin efecto la restricción de mil hectáreas por propietario extranjero. El texto reduce controles sobre zonas de frontera y habilitas operaciones sobre áreas vinculadas a reservas de agua y territorios considerados soberanos para la política nacional. Uno de los cambios incorporados durante las negociaciones parlamentarias permite que las provincias impulsen convenios de “cooperación” para habilitar compras de tierras por parte de gobiernos extranjeros con autorización del Poder Ejecutivo nacional. La modificación podría tener impacto directo en provincias patagónicas donde hace años existen tensiones por la concentración territorial, los proyectos extractivos y el control de recursos naturales.
Patricia Bullrich, senadora que representa los interese coloniales, fue la encargada de defender el dictamen del oficialismo. Durante el debate sostuvo que el proyecto busca transferir mayor autonomía a las provincias para definir restricciones sobre la venta de tierras. Para justificar la entrega, afirmó que “el objetivo de esta ley es buscar un acuerdo entre las propuestas que trajeron distintos expertos y los bloques, salir de una visión centralista y, como se hizo con Glaciares, dejar a las provincias decidir de acuerdo a la realidad y potestad de cada provincia”.
El argumento libertario para avanzar con el proyecto se basó en la idea de garantizar “seguridad jurídica” para atraer inversiones. Sin embargo, distintos sectores de la oposición y especialistas en derecho ambiental consideran que el proyecto desarma buena parte de las herramientas legales creadas para limitar la concentración extranjera sobre recursos estratégicos.
En ese contexto, la senadora justicialista, Florencia López denunció las maniobras espurias del oficialismo para alcanzar el dictamen. Al respecto precisó: «nos están haciendo circular un dictamen con varias modificaciones y sin tiempo para poder analizarlo. Propongo una nueva reunión de la comisión hasta tanto cada senador haya analizado el proyecto y no firmar un dictamen en el aire». Al mismo tiempo, Jorge Capitanich pidió que los cambios vinculados al manejo del fuego sean debatidos en audiencias públicas y reclamó que la reforma respete la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
La discusión no quedó limitada al mercado inmobiliario rural. En distintos sectores políticos y académicos crece la preocupación por el interés de grandes corporaciones sobre territorios vinculados al agua, la energía y minerales estratégicos, especialmente en la Patagonia. El desarrollo de centros de datos e infraestructura asociada a inteligencia artificial elevó el valor geopolítico de lagos, ríos y acuíferos, debido al enorme consumo energético e hídrico que requieren esas operaciones.
La reforma impulsada por el oficialismo aparece asociada a un proceso más amplio de apertura económica y desregulación sobre áreas estratégicas del Estado. La flexibilización ambiental, el retroceso de organismos científicos y el debilitamiento de controles públicos forman parte de una misma orientación política que busca reducir la capacidad regulatoria estatal sobre bienes considerados claves para el desarrollo nacional. El Senado deberá definir en las próximas semanas si convierte en ley una de las reformas más sensibles impulsadas hasta ahora por el gobierno libertario. La votación volverá a poner en discusión quién controla la tierra, los recursos naturales y los territorios estratégicos de la Argentina.
