Por Redacción
Referentes de organizaciones sindicales, sociales, políticas y de distintas redes comunitarias que abogan por los derechos de las infancias y adolescencias, llevaron adelante el último miércoles en la sede porteña de la CTA Autónoma, una rueda de prensa donde sentaron posición en relación al proyecto de Ley del gobierno libertario que busca la baja en la edad de imputabilidad. El mismo cuenta con media sanción de la Cámara de Diputas y será tratada esta semana en el Senado.
Durante la conferencia, las entidades convocantes informaron que llamaron a movilizar este viernes en todo el país y a rechazar tanto el proyecto de reforma del régimen penal juvenil como la reforma laboral. En ese marco, las organizaciones enumeraron diez razones centrales para fundamentar su rechazo. Señalaron que la reducción de la edad de punibilidad de 16 a 14 años resulta inconstitucional porque vulnera el principio de no regresividad del derecho internacional de los derechos humanos y los derechos del niño.
Del mismo modo, presentaron un documento donde denunciaron que el proyecto normativo reaccionario, «viola el principio de no regresividad vigente en el derecho internacional de los derechos humanos: no se puede retroceder en un derecho ya adquirido. Viola la prohibición enunciada por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos que integran tratados con jerarquía constitucional».
En esa línea, precisaron que «el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes menores de 16 años es ínfimo, por lo que la medida no resuelve la inseguridad y profundiza la estigmatización. El enfoque punitivo contra niños es ilegal e inconstitucional, contraviniendo normativas superiores que buscan la protección y no la penalización de las adolescencias y niñeces».
Durante la conferencia de prensa, Vanesa Salgado, integrante de la Campaña No a la Baja y del Foro por la Niñez, expresó: «El sistema penal no persigue delincuencia, persigue pobres que a veces cometieron delitos. El sistema penal no reeduca, no resocializa, solo castiga, organiza la crueldad, y esa es la verdadera discusión. El presupuesto para esta ley es equivalente al dinero que se necesitaría para restablecer las becas progresar, sobre el sistema educativo».
En tanto, la abogada Claudia Cesaroni, remarcó que «no hay escalas penales, y ese es un punto grave. No hay criterio para establecer condenas y eso implica que hay un componente clasista en la imposición de las penas. No va a ser igual para una familia de clase media de caballito que para una familia trabajadora que no puede garantizar la custodia en una eventual domiciliaria».
Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario General de la CT Autónoma, aseguró que «este proyecto muestra que el objetivo central de este gobierno no es instalar la libertad, sino construir un estado represor que atente contra los derechos de los trabajadores y sus hijos. El viernes se van a tratar los dos temas juntos, y vamos a estar juntos en el congreso y todas las plazas del país expresando el rechazo a ambos proyectos».
Por último, el dirigente sindical, sostuvo que «tres de las leyes de estás semanas: estás dos y la de glaciares, son inconstitucionales. Por lo tanto lo que estamos poniendo de pie es un rechazo a estas leyes y la decisión de sostener la pelea si el congreso las aprueba, para conseguir su anulación, cómo conseguimos la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. El viernes va a ser una jornada que va a expresar rechazo y continuidad de este estado de movilización permanente».
