Por Redacción
Organizaciones sociales, sindicales, académicas y de derechos humanos realizaron en las últimas horas una presentación judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que entrará en vigencia el 5 de septiembre y habilita, entre otros aspectos, la prisión para adolescentes desde los 14 años. La iniciativa contó con el respaldo de la CTA Autónoma, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Foro por los Derechos de la Niñez, el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y el Observatorio Internacional de Prisiones, entre otras organizaciones.
En este marco, el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, expresó: «El desguace del país perjudica a los más débiles, que son los niños y las niñas, llevamos 40 años trabajando con ellos con afecto y escuchando lo que tienen que decir, porque no siquiera les permiten la palabra». Al mismo tiempo, llamó a «unir las fuerzas para resistir esta ley que es inconstitucional y afecta la vida, porque los niños no son un peligro, están en peligro de manera permanente”. El referente popular sostuvo que es necesario contar con «mucha fuerza y esperanza hasta la nulidad de esta ley inmoral e injusta».
El defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata e integrante del Foro por los Derechos de la Niñez, Ricardo Berenguer, sostuvo que la normativa “va contra la Constitución y contra la Convención de los Derechos del Niño”. El funcionario judicial agregó que la ley “incluye como sancionables un montón de delitos menores que la ley vigente no los contemplaba” y “prioriza la pena de prisión para los pibes”.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, señaló: “Nos juntamos para tratar de frenar esta idea tan descabellada que es la baja de la edad de punibilidad y la reforma del régimen penal juvenil”.
Las organizaciones que impulsaron la presentación sostuvieron que la ley vulnera los principios de progresividad y no regresividad de los derechos, la culpabilidad, la proporcionalidad de las penas y el derecho a la no autoincriminación. Los firmantes solicitaron la suspensión de la norma y advirtieron que su aplicación provocará el colapso del sistema de encierro para adolescentes. Asimismo, señalaron que la participación de niños, niñas y adolescentes en los delitos no supera el 3%, por lo que rechazaron que ese sector sea señalado como el principal responsable de la inseguridad.
