«La educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión en la sociedad argentina»

Por Redacción

Miles de personas se movilizaron el último martes en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria para exigir que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Durante el acto central, que se realizó en Plaza de Mayo, integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional leyeron un documento en el que remarcaron que «si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño».

Mientras el subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno nacional, Alejandro Álvarez, trató de bajarle el precio a la masiva movilización al señalar que se trató de una marcha  «influenciada por la política», el gobierno libertario cumplió 203 días sin aplicar la ley. Al mismo tiempo, el lunes pasado a través de la Decisión Administrativa 20/2026,impuso un nuevo ajuste  presupuestario de $5.303 millones destinados a obras de infraestructura en 13 universidades nacionales. En este contexto, las instituciones más damnificadas fueron la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que padeció un quita de  $1.043 millones, la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) y la Universidad de Avellaneda sufrieron recortes de $700 millones cada una. El rectore total de educación fue de $78.768 millones.

En tal sentido, el documento presentado durante la jornada del martes, firmado por Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), expuso que «las universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha de nuestro país, de nuestro pueblo, por contar con un sistema estatal de educación y de producción de conocimientos que garantizara el núcleo del porvenir: educación superior de la máxima calidad para todos, profesionales altamente calificados, conocimientos para el desarrollo social y económico, una juventud protagonista de su tiempo».

Asimismo, las autoridades universitarias expresaron que «la universidad pública se constituyó como una caja de resonancia de las grandes demandas del país, de sus dolores y de sus esperanzas. Hoy, como siempre, la comunidad universitaria asume la tarea de luchar por su universidad y en esa lucha hacer reverberar todas las demás: la discapacidad, las jubilaciones, la salud, las diversidades, el alimento, los recursos naturales, la industria nacional».

Subrayaron que la situación del financiamiento en el sector es crítico e indicaron que la principal causa es «que el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso de recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema».

Explicaron que entre «diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30 %, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado».

Agregaron que «esta situación ubica, en la actualidad, a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa, además, la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios».

Por otro lado, denunciaron «la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación. El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la república: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho».

Reivindicaron que «la universidad argentina, pública, gratuita y federal, tal como la construimos, la promovemos, la protegemos y la defendemos. Es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar; siempre hicimos notar que, si se atenta contra el sistema de educación pública, se lesionan las condiciones de igualdad y el horizonte posible de reducción de asimetrías y atención de los problemas colectivos desde lo público. La educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión en la sociedad argentina».

«La universidad pública argentina somos todas y todos. Hijos e hijas de una nación que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo», destacaron las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional.

Al mismo tiempo, le demandaron a la Corte Suprema que «nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. La trama que nos impulsa se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública».

Por último, destacaron: «No permitamos que los pilares de nuestras universidades, trabajadores docentes, no-docentes, investigadores y estudiantes, sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende! ¡Por más y mejor educación pública y ciencia!».

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