Por Redacción
El Gobierno de La Rioja puso en marcha un régimen provincial de protección para usuarios de créditos de consumo, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1293/2026 firmado por el gobernador Ricardo Quintela. La medida busca frenar prácticas abusivas, la usura y tiene como objetivo reforzar los controles sobre las operaciones crediticias y brindar herramientas para proteger a las familias frente al avance del sobreendeudamiento y la explotación financiera.
En tal sentido, el Gobernador riojano declaró la emergencia económica, crediticia y social vinculada con las operaciones de crédito para consumo y dispone medidas transitorias para revisar y refinanciar obligaciones que se hayan vuelto difíciles de afrontar. El objetivo es evitar que las deudas provoquen daños económicos y sociales irreparables en los hogares riojanos. La decisión responde a una problemática que afecta cada vez a más familias que recurren a préstamos para cubrir alimentos, medicamentos, servicios y otros gastos básicos.
En ese contexto, el gobierno de La Rioja planteó que una situación de necesidad no puede ser aprovechada para imponer condiciones abusivas ni comprometer de manera desproporcionada los ingresos de quienes necesitan acceder a un crédito. El nuevo régimen estableció mayores exigencias de información para quienes otorgan créditos de consumo y fortalece las herramientas estatales de registro y fiscalización. El decreto incorpora, a su vez, mecanismos de conciliación para intervenir ante situaciones de endeudamiento que hayan alcanzado niveles insostenibles.
La medida partió de una premisa concreta del Ejecutivo provincial: cuando una persona solicita un préstamo para resolver una necesidad urgente, debe contar con información clara y condiciones que respeten sus derechos. El Estado provincial asumió así un papel activo frente a las situaciones en las que las prácticas crediticias terminan agravando la situación económica de las familias. Al mismo tiempo, sostuvo que el problema no se limita al acceso al crédito, sino a las condiciones bajo las cuales muchas personas quedan atrapadas en situaciones de endeudamiento que afectan sus ingresos y su capacidad para sostener necesidades básicas. Por eso, el régimen incorpora herramientas para revisar esas obligaciones y buscar alternativas que permitan evitar consecuencias más graves para los hogares.
El principio expresado por el Ejecutivo provincial para fundamentar la decisión ratificó que «cuando una familia se endeuda para sostener necesidades básicas, no puede quedar sola frente a condiciones abusivas. El Estado tiene que estar presente para proteger el salario, cuidar los ingresos familiares y garantizar que ninguna situación de necesidad sea utilizada para someter o perjudicar a las personas».
De este modo, el Gobernador Quintela decidió proteger a las familias por sobre el capital, en una posición totalmente contraria a que a la que defiende la administración liberal de Javier Milei. Una vez, quedó demostrado que el Estado es necesario a la hora de defender los intereses de las personas, en este caso, expuestas al abuso y a la usura. La medida preserva los ingresos de los hogares riojanos, defender los derechos de quienes recurren al crédito y garantizar relaciones de consumo transparentes y justas.
