Por Redacción
La Justicia del Trabajo dejó sin efecto una disposición de la reforma laboral incluida en la Ley Bases y ordenó que un empleado de la empresa Georgalos vuelva a ocupar su puesto, al considerar que su despido estuvo vinculado a su participación en reclamos sindicales. La resolución fue dictada por el juez Mariano Candal, quien entendió que la normativa del Gobierno libertario restringe derechos reconocidos por la Constitución al impedir que un trabajador despedido por motivos discriminatorios pueda recuperar su empleo.
El expediente se originó tras un conflicto en una planta de la firma alimenticia, donde trabajadores cuestionaron cambios en la organización de las tareas y reclamaron por las condiciones de trabajo. Luego de una serie de medidas gremiales, la empresa desvinculó a varios operarios, entre ellos Alejandro Martínez. Durante el proceso, la compañía sostuvo que las cesantías respondían a incumplimientos laborales. Sin embargo, el magistrado concluyó que no logró acreditar esas razones y evaluó que la decisión empresarial estuvo relacionada con la participación del trabajador en actividades sindicales.
Al fundamentar su decisión, Mariano Candal afirmó: «La fijación de una tarifa indemnizatoria y la redacción del último párrafo del artículo 245 bis son claramente inconstitucionales e inconvencionales». La sentencia dedicó un apartado específico al alcance de las medidas de fuerza impulsadas por los trabajadores. Allí, Magistrado sostuvo: «La huelga no se agota en la conocida abstención colectiva y concertada de la prestación de tareas». Con ese criterio, rechazó la interpretación que buscaba considerar ilegítimas las acciones desarrolladas durante el conflicto.
A partir de esas conclusiones, el juzgado dispuso la reincorporación inmediata de Martínez y declaró la nulidad de su despido. La decisión judicial constituye un nuevo obstáculo para la aplicación de aspectos centrales de la reforma laboral promovida por la administración de Javier Milei y suma un antecedente relevante en causas vinculadas con libertad sindical y protección contra represalias laborales.
