Por Redacción
El cierre de Ueno Bank por decisión del Banco Central del Paraguay (BCP), ante el deterioro de su situación patrimonial, desató una crisis que trascendió el sistema financiero y alcanzó al Gobierno de Santiago Peña. Miles de ahorristas se movilizaron en Asunción para reclamar la devolución de sus depósitos, mientras la Fiscalía abrió una investigación penal y ordenó la detención de integrantes de la conducción de la entidad. La situación adquirió una dimensión aún más grave por la exposición del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantenía inversiones por 355 millones de dólares en el banco.
El último martes, el BCP anunció el inicio del procedimiento de resolución para el Banco Ueno, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido. El directorio del organismo resolvió por unanimidad avanzar con el mecanismo previsto en la legislación bancaria, lo que derivó en la suspensión inmediata de las operaciones de la entidad. La medida dejó a los clientes sin acceso a sus cuentas a través de aplicaciones, tarjetas, cajeros automáticos y transferencias. La paralización de los servicios afectó las operaciones cotidianas de miles de usuarios y generó una fuerte incertidumbre entre los clientes, que salieron a las calles para exigir respuestas.
AGN Prensa consultó a la Senadora Nacional por el Frente Guazú, Esperanza Martínez, quien explicó que «la situación es muy complicada, muy grave. El Banco Ueno, que hace un año y medio era una financiera, tuvo un crecimiento meteórico, como un proceso en el cual el presidente de la República, el vicepresidente y la bancada mayoritaria del oficialismo en ambas cámaras, hicieron una serie de medidas administrativas y políticas para crear las condiciones favorables para lo que hoy está pasando».
En esa línea, la legisladora paraguaya agregó que «comenzaron con la modificación de la Ley de Superintendencia de Seguros, de tal manera para poder usar los bancos, los fondos del IPS, que es el Instituto de Previsión Social, que es la seguridad social de Paraguay. Hicieron modificaciones del reglamento interno del Instituto de Previsión Social también para favorecer a un banco que no tenía antecedentes ni tenía solvencia en el mercado, ni los años que garanticen su estabilidad, por lo menos».
Martínez afirmó que «derogaron la ley de puertas giratorias, que permitía que funcionarios del sector privado pasaran al público y del público al privado, rotando en un posible manejo de tráfico de influencias y con eso le nombraron al exgerente del Ueno Bank como presidente del Banco Central. Por lo tanto, el presidente actual del Banco Central es juez y parte en todo lo que hace al banco. Ellos modificaron la ley de transparencia, modificaron el área de anticorrupción. Hicieron supuestamente una fusión con la contaduría sacando un organismo que dependía del Poder Ejecutivo y que se dedicaba de la auditoría del Poder Ejecutivo, o sea, una serie de medidas que históricamente nosotros fuimos, como oposición, cuestionando».
«En este momento se ha descubierto que se han creado empresas para poder transferirse recursos y para crear compra de deudas, una especie de bicicleteo, ¿verdad?, con un montón de empresas de maletín que creemos que son las que se llevaron el dinero. No sabemos si el dinero está o no está, y en este momento, un banco que creció a casi más de 2 millones de usuarios, porque es un banco online, en este momento ha dejado en la calle a sobre todo mucha gente de nivel socioeconómico bajo, porque con esto se logró una fuerte bancarización de ambulantes, personas que trabajan en los mercados, jóvenes estudiantes, pequeños emprendedores. La gente común cobra allí sus salarios», remarcó la senadora.
Cabe señalar que la Fiscalía paraguaya inició una investigación penal a partir de una denuncia presentada por el Banco Central, relacionada con presuntas irregularidades financieras. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, designó un equipo integrado por Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce y Yeimy Adle, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón. La investigación contempla posibles delitos de lesión de confianza, estafa y otras conductas relacionadas con el deterioro patrimonial de la entidad. Durante el martes se emitieron órdenes de detención contra ocho integrantes de la conducción bancaria. De acuerdo con la información disponible, siete personas habían sido detenidas o se habían presentado voluntariamente ante las autoridades.
Entre los involucrados se encuentran Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero y CEO de Ueno Bank, y Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente de la entidad. La nómina incluye a Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Diana Leticia Mongelós González.
El único directivo que permanecía prófugo al cierre de esa jornada era Miguel Ángel Almada Frutos. Su defensa anticipó que se presentaría ante las autoridades durante la mañana del miércoles 4 de noviembre. La investigación deberá establecer si existieron maniobras irregulares y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Las detenciones y las actuaciones judiciales no constituyen, por sí mismas, una condena.
Martínez, destacó que «el banco tenía recursos de la seguridad social, del Gobierno central y de varios ministerios, de las dos hidroeléctricas y también de sectores como la Empresa Nacional de Electricidad (ANDE), que es una empresa estatal autárquica que cuenta con todos los fondos de los jubilados de esa institución. Es decir, existe un posible daño patrimonial muy serio y peligroso. Anoche, tras varias denuncias realizadas por diversos legisladores —incluso denuncias penales ante el Ministerio Público contra el presidente para que se investigue el aumento de su patrimonio—, nos desayunamos con la noticia de que se decide la intervención del Banco Ueno, lo cual desencadenó toda esta situación».
Del mismo modo, precisó que «desde la Cámara de Senadores, la oposición ha presentado —a modo de acto político, aunque no sea la cámara de origen— la solicitud de juicio político para el presidente y el vicepresidente. Asimismo, pedimos que el Ministerio Público investigue al directorio del Banco Buque, al del Banco Central y al del Instituto de Previsión Social. También hemos aprobado esta tarde una ley para el rescate de los pequeños ahorristas (de hasta 40 jornales mínimos), para que puedan recuperar sus fondos en un plazo máximo de 24 horas. Mañana veremos si la Cámara de Diputados consigue o no los votos necesarios para avanzar con el juicio político».
Frente a este escenario, una multitud se concentró el martes por la tarde frente al Panteón Nacional de los Héroes, en el centro de Asunción. Los manifestantes reclamaron la restitución inmediata de sus ahorros y explicaciones sobre las responsabilidades detrás del colapso bancario. La protesta contuvo consignas contra el Gobierno y pedidos de juicio político al presidente Santiago Peña. La movilización avanzó hacia las inmediaciones del Congreso Nacional, donde la policía reprimió a los manifestantes.
