Por Redacción
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, rechazó la orientación punitiva de la nueva Ley Penal Juvenil y sostuvo que la normativa criminaliza a las adolescencias sin garantizar las condiciones necesarias para su protección y acompañamiento. El mandatario riojano se reunió este martes con Gloria Bonatto e Ivana Carmon, representantes de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, en este contexto, defendió las políticas del gobierno provincial destinadas a garantizar espacios de participación para las juventudes, con actividades deportivas, culturales y recreativas.
Quintela manifestó su preocupación por las consecuencias de una legislación que modifica el abordaje penal de las adolescencias sin priorizar las políticas de inclusión y protección. Al respecto, expresó: “Estoy agradecido de que estén presentes aquí para poder debatir e instruirnos sobre esta situación atípica en la República Argentina, a partir de una decisión que tomó el Poder Ejecutivo, con acompañamiento del Poder Legislativo, donde se criminaliza a nuestros adolescentes”.
Por otro lado, aseguró que «acá hacemos todo lo posible para que los chicos estén contenidos en las diversas actividades que se desarrollan en nuestra provincia, en lo deportivo, en lo cultural, en el área juvenil, con una amplia concurrencia de jóvenes». En esa línea agregó: «Los valores y principios son transmitidos muchas veces por los profesores de manera inconsciente. Esa incorporación de valores, de forma consciente e inconsciente, forma parte de la vida del joven. La Policía tiene que saber que los chicos se pueden equivocar, tiene que cuidarlos y protegerlos, y la comunidad nos tiene que ayudar».
El Ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social de La Rioja, Alfredo Menem sostuvo que la nueva legislación careció de instancias de consulta y de previsiones presupuestarias para su aplicación. En tal sentido, remarcó: “Estamos transitando una nueva Ley Penal Juvenil que fue inconsulta, autoritaria, sin presupuesto y que criminaliza a nuestras juventudes”. En referencia al debate federal sobre la normativa, el funcionario destacó que el gobierno provincial está «trabajando para conversar, debatir y discutir en cada uno de los ámbitos, y es muy importante que la Defensoría se preocupe, se ocupe y federalice el debate. Gracias por acompañarnos”.
Gloria Bonatto, representante de la Defensoría, explicó que la intervención estatal debe abarcar todas las etapas del sistema penal juvenil y no limitarse a la aplicación de sanciones. Recalcó que «hay cuestiones que plantea la ley que no se solucionan con un mayor nivel de punibilidad. El sistema penal juvenil empieza con la aprehensión y termina con la condena, y en todo ese proceso tiene que estar fuertemente involucrado el Estado”. Al mismo tiempo, aseguró que «la intervención tiene que ser respetuosa y tener el foco en el chico y no en la punibilidad”.
Consideró que La Rioja cuenta con condiciones institucionales favorables para desarrollar una implementación adecuada del sistema. Enfatizó que «están todos los que tienen que estar para que esta sea una implementación exitosa, y la provincia tiene una fuerte ventaja que es su baja conflictividad. Eso da una oportunidad histórica para poder trabajar bien, tranquilos y perfeccionar el sistema”.
La representante de la Defensoría puntualizó que «el Gobierno nacional que impulsó esta ley no previó ningún tipo de fondo ni recurso para su implementación. Lo único previsto es que los supervisores federales, una figura que crea la ley, sean designados por el Ministerio de Justicia de la Nación».
