*Por Mario Gambacorta
Resulta raramente fascinante, y a la vez profundamente perturbador, escuchar al Secretario de Trabajo de la Nación, explicar la crisis laboral argentina como si se tratara de un fenómeno espiritual o de una repentina ola de vocación emprendedora. En su paso por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el funcionario encargado de velar por los derechos y la calidad del empleo en el país dejó una sentencia para el bronce en términos de cómo se conciben las actuales políticas públicas (¿si verdaderamente podemos encuadrarlas como tales?):
“Hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia y prefieren ser monotributistas y tener la libertad de trabajar por cuenta propia”.
Según esta mirada, miles de argentinos estarían abandonando voluntariamente los recibos de sueldo, las vacaciones pagas, la cobertura de salud y los aportes jubilatorios porque no quieren poner todo su tiempo a disposición de un empleador que los dirija. Esto, sin incluir a quienes todavía no los han perdido o quizás nunca los tuvieron. Y para cuestionar la asistencia social apeló además a la gastada metáfora de que “lo importante no es dar un pescado, sino enseñar a pescar”, porque quien recibe el pescado quedaría “de rehén”. Atribuyó las críticas al avance del monotributo a un intento de “demonizar” el trabajo autónomo, ya que los trabajadores independientes “no aportan a los sindicatos”.
Desde la práctica del derecho del trabajo y la investigación en relaciones laborales, me veo en la obligación de confrontar ese relato con la frialdad inapelable de las estadísticas que produce el propio Estado, del que -verdad de Perogrullo- los funcionarios del actual gobierno forman parte; amén que, paradójicamente, suelen afirmar que no hacen política.
Cuando uno corre el velo de esa supuesta epifanía libertaria en el mercado de trabajo, lo que aparece se parece muy poco a un paraíso de profesionales autónomos eligiendo a qué hora encender su computadora frente al mar. Aparece, en cambio, una maquinaria de precarización por la necesidad de sobrevivir.
Al día siguiente de las declaraciones del Secretario de Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó la Cuenta de generación del ingreso correspondiente al segundo trimestre de 2026. Los propios números oficiales desarman la narrativa oficialista sin necesidad de adjetivos: sobre 22,6 millones de puestos de trabajo, los asalariados registrados suman 10,88 millones, apenas el 48,2% del total, y cayeron 1,4% en un año. El resto se reparte entre 6,09 millones de puestos no asalariados (27%), que crecieron 3,9%, y 5,6 millones de asalariados directamente en negro (24,8%).
Dicho de otro modo: más de la mitad de los puestos de trabajo del país se encuentra hoy fuera de la relación de dependencia registrada. Ese universo no equivale en su totalidad a informalidad, porque entre los no asalariados hay monotributistas inscriptos. Para medir la informalidad en sentido estricto, el INDEC cuenta con otro indicador, el de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva personas y no puestos. Según esa encuesta, en el segundo trimestre de 2026 el 45% de los ocupados trabajaba en la informalidad, 1,8 puntos más que un año antes.
¿De verdad cree el Secretario de Trabajo que cientos de miles de trabajadores despertaron un día cansados de tener aguinaldo y obra social? ¿O que nos les gustaría tenerlos?
Los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que procesa su propia Secretaría a través del ANSES, cuentan una historia muy distinta, signada por el ajuste y la recesión. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, los asalariados del sector privado pasaron de 6.372.561 a 6.106.796, una pérdida de 265.765 puestos, y el empleo privado registrado acumula catorce meses consecutivos de caída. En el mismo período, el empleo público registrado perdió 82.590 puestos y el de casas particulares, 21.988.
De las seis modalidades que releva el SIPA, solo una creció, el monotributo, con 177.101 inscriptos más, una cifra que ni siquiera compensa la pérdida de asalariados privados. La diferencia con el empleo privado es de 88.664 puestos. La gente no está “eligiendo” irse de las fábricas, los comercios o las oficinas para “abrazar la aventura de la independencia”; la están empujando por la ventana.
Cuando desde el Ministerio de Desregulación celebran que, a pesar del aumento del desempleo, se crearon unos 510.000 puestos netos de trabajo, omiten que, según el propio INDEC, ese crecimiento se explica por el trabajo por cuenta propia y el empleo no registrado, mientras los asalariados registrados disminuyeron. La propia Secretaría de Trabajo, en su Panorama mensual del trabajo registrado, atribuyó la falta de recuperación a que las empresas congelan la reposición de personal y limitan las nuevas incorporaciones. Cuando la puerta del empleo asalariado se cierra, la única que queda abierta es la del monotributo o la changa.
Eso que describen estos datos tiene nombre propio. Se llama efecto del trabajador adicional, y suele venir acompañado de pluriempleo de subsistencia. Como los ingresos perdieron terreno y la plata no alcanza a mitad de mes, el jefe o la jefa de hogar que perdió su empleo formal se sube a una moto de reparto o abre un microemprendimiento casero; quien aún conserva su trabajo registrado suma changas los fines de semana; y otros miembros de la familia salen desesperadamente a ofrecer servicios por cuenta propia para compensar el deterioro del ingreso familiar.
Quienes logran rasguñar alguna changa engrosan la estadística de los “independientes”; quienes ni siquiera consiguen eso explican el aumento simultáneo de la desocupación. Si el cuentapropismo actual fuera el resultado virtuoso de trabajadores altamente calificados que deciden facturar por su cuenta para ganar más y vivir mejor, eso debería reflejarse en la distribución de la riqueza. Pero los datos oficiales del INDEC vuelven a desmentir estos relatos de “cuentapropistas felices impregnados de emprendedurismo” con una contundencia demoledora.
En las cuentas nacionales, el “ingreso mixto” —la categoría que mide qué porción de la torta económica se llevan los trabajadores independientes y cuentapropistas— cayó del 13,6% al 13,2% entre el segundo trimestre de 2025 y el de 2026, el mismo año en que los puestos no asalariados crecieron 3,9%. Hagamos una pausa en este dato oficial porque encierra gran parte de la tragedia social del presente: hay cientos de miles de cuentapropistas nuevos en la calle, pero entre todos se reparten una porción más chica del ingreso generado que el año pasado. Son cada vez más personas disputándose migajas en un mercado interno deprimido.
A la par, la participación de las remuneraciones de los asalariados (formales e informales) en el valor agregado de la economía cayó al 42,9%, mientras el excedente de explotación de las empresas alcanzó el 44,7%. Y la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC muestra lo que significa en el bolsillo trabajar fuera del registro; en el segundo trimestre de 2026, un asalariado sin descuento jubilatorio percibió en promedio $706.204, menos de la mitad de los $1.433.794 que cobró uno registrado.
Pretender que un trabajador celebra conformarse con la mitad de lo que cobra un asalariado registrado, quedarse sin cobertura frente a una enfermedad e hipotecar su jubilación futura a cambio de la supuesta “libertad” de conectarse catorce horas por día a una aplicación o facturar como monotributista, encubierto laboralmente, para el mismo empleador que antes debía registrarlo; no es un error de diagnóstico, quizás más bien es algo que merecería, a nuestro entender, categorizarse como “descaro institucional”.
No hay libertad posible para las personas cuando lo que gobierna el día a día es la urgencia de llegar a fin de mes. Llamar “independencia laboral” al descarte apenas intenta anestesiarnos, mientras al derecho a un trabajo digno es encaminado a convertirse -con el impulso del entusiasmo evidenciado desde la función pública- en una especie en extinción.
Que un histórico representante empresarial intente camuflar el fraude laboral o el recorte de costos patronales con palabras modernas es previsible. Pero cuando se ocupa la Secretaría de Trabajo de la Nación y se utiliza el micrófono del Congreso para romantizar la intemperie, afirmar livianamente que el salario promedio es de “1.500 dólares reales” y sostener que el empleo no cayó, mientras el trabajo registrado privado suma catorce meses de retroceso, el hecho adquiere relevancia por la desconfiguración institucional que expresa, al evidenciar el fracaso explícito en términos del enfoque dado a la función pública.
