Por Redacción
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ratificó su rechazo absoluto a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional y pidió a los legisladores de todos los bloques que impidan su tratamiento y aprobación en el Congreso. La organización gremial aseguró que el objetivo de la normativa libertara es «suprimir los derechos sociales y laborales conquistados por la clase trabajadora a lo largo de la historia».
A través de un comunicado, que lleva la firma del Miguel Duhalde, Secretario de Educación y de Gabriel Martínez, del Instituto Investigaciones “Marina Vilte”, la CTERA explicó que «la supuesta “modernización laboral” que promueve el Gobierno de Milei es una nueva mentira de cara a la sociedad que, bajo la falsa promesa de “mayor generación de empleo”, esconde el verdadero objetivo de los sectores de la derecha que buscan suprimir los derechos sociales y laborales conquistados por la clase trabajadora a lo largo de la historia».
En esa línea, remarcó que «se trata de un nuevo intento de precarización de las condiciones de los puestos de trabajo y flexibilización laboral en favor de los intereses del empleador y en detrimento de las y los asalariados». Del mismo modo, agregó que «la reforma laboral oficialista está sintonía con la otra reforma que también quieren imponer en la educación (Proyecto de Ley de Libertad Educativa), para intentar destruir el Sistema de Educación Pública y ponerlo al servicio de los valores del mercado en el marco de un proyecto político de país dependiente y colonial».
CTERA planteó que «el proyecto oficialista tiene ser rechazado en su totalidad y que no es viable bajo ningún punto de vista cualquier intento de modificación parcial de alguno de sus artículos. Esto es así en tanto el espíritu general del proyecto, además de alterar los términos de las relaciones laborales a favor de la parte patronal, quita todas las referencias a la dignidad del trabajador y a la justicia social como principios generales de la legislación laboral».
CTERA advirtió sobre el impacto fiscal de la reforma y detalló que la reducción de las contribuciones patronales y otros recortes impositivos implicarían una pérdida de recursos para el Estado Nacional y las provincias. El artículo 163 del proyecto prevé disminuir las contribuciones del 20,4% al 17,4% para empleadores del rubro servicios y comercio, y del 18% al 15% para otros empleadores privados, lo que generaría un costo fiscal de 0,462% del PBI, según un estudio de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip).
El Instituto Marina Vilte de CTERA estimó que estos fondos podrían cubrir los 24 meses del Fondo Nacional de Incentivo Docente adeudados a los docentes, que totalizan $4,1 billones, equivalentes al 0,40% del PBI. Con otras medidas impositivas previstas en la reforma, el costo fiscal total ascendería al 1,278% del PBI. Según el sindicato, esos recursos permitirían saldar deudas salariales y fortalecer la educación pública, actualmente financiada con apenas el 4,1% del PBI, muy por debajo del 6% que establece la Ley de Educación Nacional.
La dirigencia de la CTERA afirmó: «denunciamos el proyecto de “Modernización laboral” porque es un retroceso histórico que destruiría los derechos conquistados durante décadas; se flexibilizarían las vacaciones, los horarios y recargos por horas extras, desaparecería el concepto de indemnización para pasar a ser fondo que pagan los propios trabajadores, se eliminaría el preaviso en los períodos de prueba, se limitarían las actualizaciones salariales por inflación, se bajarían los costos por despidos en beneficio de los empleadores, se vería seriamente restringido el derecho a huelga, se limitarían las asambleas de trabajadores y se penalizan los acciones de protesta, buscando debilitar a las organizaciones sindicales».
Por último, manifestó: «Frente a una reforma regresiva, injusta y muy peligrosa para toda la clase trabajadora, desde CTERA seguimos defendiendo los Derechos Sociales y Laborales, la Organización Sindical, la Negociación colectiva y las Condiciones dignas de trabajo».
