Por Redacción
El Gobierno bonaerense, que encabeza Axel Kikcillof, puso en marcha el último jueves una investigación sobre las principales billeteras virtuales a partir de 2.240 denuncias por incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor, acoso y hostigamiento. Las presentaciones fueron recibidas durante el primer semestre del año por la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Buenos Aires. Las empresas involucradas deberán explicar cómo fijan las tasas de interés y cuál es el costo financiero total de los créditos que ofrecen.
El anuncio fue realizado por Kicillof, y el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, en la Sala de Conferencias de la Casa de Gobierno. La medida se adoptó en un contexto de fuerte crecimiento del endeudamiento y la morosidad de los hogares, con especial impacto sobre las familias que recurren al crédito para cubrir gastos básicos., con el objetivo de evitar los abusos y la usura.
El mandatario bonaerense sostuvo que «en nuestro país hay una situación de gravedad extraordinaria: no solo el 60% de la población adulta está endeudada, sino que cerca de 6 millones de personas se encuentran en situación de mora y no pueden pagar las deudas que contrajeron. Esto no es un problema entre privados: es el resultado de la macroeconomía de Milei, donde las familias vieron caer sus ingresos y debieron recurrir al crédito para comprar alimentos, acceder a remedios y pagar el alquiler».
Kicillof aseguró que «las plataformas usan la información que tienen sobre sus usuarios para definir cuánto les cuesta endeudarse, muchas veces sin que ellos sepan qué información se está utilizando. Esto requiere una respuesta del Estado, pero el Gobierno nacional se desentiende y responsabiliza a quienes se endeudan. Por eso decidimos abrir una investigación a partir de las denuncias recibidas, vinculadas a situaciones de hostigamiento y a la falta de información clara sobre las condiciones de los préstamos. También vamos a pedir informes a las empresas para conocer los criterios con los que se determinan las tasas de interés y el costo financiero total».
El Gobernador afirmó: «no podemos mirar para otro lado frente a millones de familias que se endeudan para sostener su vida cotidiana. Mientras el gobierno nacional se desentiende, desde la Provincia vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para acompañarlas y defenderlas. En este contexto tan complejo, el sector de las billeteras virtuales ya no solo opera como un medio de pago, sino que coloca fondos y otorga créditos sin las regulaciones macroprudenciales que rigen para otras entidades con el objetivo de evitar crisis sistémicas».
«Lamentablemente, el Gobierno nacional no está haciendo nada ante la angustia y la desesperación de millones de argentinos. No se puede culpar a las personas que se endeudaron para cubrir gastos básicos: en la Provincia tomamos las decisiones que están dentro de nuestro margen de actuación para defender a las familias», expresó Kicillof.
En tanto, Costa indicó que “solo en el primer semestre de este año, la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra las empresas Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por incumplimientos a la normativa de defensa del consumidor, acoso y hostigamiento. Frente a ello, abrimos un expediente de investigación y estamos solicitando que las firmas informen detalladamente los criterios con los que se imponen las tasas de interés y cuál es la composición real del costo financiero total».
El funcionario bonaerense subrayó que «las acciones ya están en curso, por lo que las fintech involucradas deberán presentar sus descargos: en caso de demostrarse, la normativa estipula multas de hasta $1.883 millones y la obligación de revertir los incumplimientos. El Gobierno bonaerense va a contramano de lo que está haciendo la Nación: mientras ellos abandonan y generan las condiciones para que esta problemática se expanda, nosotros utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance para estar cerca de las familias que se encuentran en esta situación vulnerable y para evitar que continúen los abusos».
