Por Redacción
La Corte Suprema de Justicia rechazó, en las últimas horas, la presentación del Gobierno libertario en la causa que impulsa el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por el financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de docentes y nodocentes. La decisión representó un nuevo traspié judicial para la administración de Javier Milei y permitió que el expediente continúe su curso con los mismos magistrados cuestionados por el Poder Ejecutivo. El fallo, firmado el 4 de junio, desestimó la queja presentada por el Estado liberal contra resoluciones que habían rechazado los pedidos de recusación del juez federal Diego Martín Cormick y de un integrante de la Cámara Contencioso Administrativa Federal.
En la misma resolución, el máximo tribunal incorporó al expediente una Carta Abierta respaldada por más de 5.700 firmas de docentes, investigadores, organizaciones sociales, académicos e integrantes del sistema científico. La causa fue iniciada por el CIN y rectores de universidades nacionales a través de un amparo colectivo contra el Decreto 759/2025. Los demandantes cuestionan que el Gobierno condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la identificación de una fuente específica de recursos y a la incorporación de las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
Las universidades reclaman que el Estado garantice los fondos necesarios para el funcionamiento del sistema universitario público, incluidos salarios, gastos operativos y becas de investigación. Según la documentación presentada ante la Justicia, los salarios de docentes y nodocentes perdieron un 52 por ciento de su poder adquisitivo desde la asunción de Milei, mientras que las partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio sufrieron un ajuste cercano al 45 por ciento.
Durante el proceso judicial, el Estado intentó apartar al juez Cormick con el argumento de que ejerce la docencia en universidades públicas comprendidas dentro del colectivo demandante. El Ejecutivo formuló planteos similares contra otro magistrado de Cámara e incluso solicitó que los integrantes de la Corte Suprema se excusaran de intervenir por desarrollar actividades académicas en universidades nacionales. En la resolución sostuvieron que “no se ha acreditado elemento alguno que configure una causal de excusación” y remarcaron que “la actividad docente en una universidad pública no implica necesariamente un interés personal, directo y relevante en el resultado del litigio”.
El máximo tribunal recordó que los mecanismos de recusación y excusación constituyen herramientas excepcionales que deben interpretarse de manera restrictiva para garantizar el principio constitucional del juez natural. La Corte tampoco hizo lugar al pedido para que sus propios ministros se apartaran del expediente. Los magistrados señalaron que la facultad de excusación corresponde exclusivamente a quienes integran el tribunal y no puede ser promovida por las partes involucradas en una causa. Por último, los jueces concluyeron que el recurso extraordinario presentado por el Estado no estaba dirigido contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal condición, motivo por el cual resolvieron rechazar la queja.
La decisión fortalece la estrategia judicial de las universidades nacionales y acerca el conflicto por el financiamiento universitario a una etapa decisiva. En las últimas semanas, el Gobierno intentó abrir una negociación con representantes del sector y ofreció recuperar el 24 por ciento de la pérdida salarial acumulada por docentes y nodocentes, propuesta que fue rechazada por las autoridades universitarias por considerarla insuficiente frente al deterioro de los ingresos.
