Por Redacción
Ante el escenario de alerta que se presenta frente al fenómeno climático de El Niño, la Secretaría de Ambiente, Cambio Climático y Transición Justa de la Confederación General del Trabajo difundió en las últimas horas un informe donde planteó la necesidad de anticipar los riesgos que podrían afectar a trabajadores, actividades productivas e infraestructuras en distintas regiones del país. El trabajo puso el foco en las consecuencias que pueden provocar las lluvias intensas, las tormentas y los vientos sobre el empleo, las condiciones de trabajo y las infraestructuras vinculadas con servicios esenciales.
La investigación tomó como referencia el escenario climático previsto para los próximos meses. El Servicio Meteorológico Nacional informó en agosto que las condiciones atmosféricas y oceánicas resultaban compatibles con una fase cálida del fenómeno El Niño y estimó una probabilidad cercana al 100 % de continuidad durante septiembre y octubre. La Resolución 559/2026, que aprobó el Plan de Coordinación Federal ENOS, contempló un incremento del riesgo de precipitaciones superiores a los valores normales durante la primavera y el verano 2026/2027, con especial incidencia sobre la región de la Cuenca del Plata.
Las Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son las que están más expuestas al impacto del fenómeno climático, según el informe realizado por el sindicalismo argentino, el mismo, no descartó que la evolución climática pueda ampliar el alcance territorial. Las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay e Iguazú pueden recibir mayores aportes de agua ante un incremento de las precipitaciones, con especial incidencia en zonas ribereñas, islas, puertos, humedales, establecimientos productivos ubicados en cotas bajas, caminos rurales y barrios asentados sobre planicies de inundación.
No obstante, se explicó que el fenómeno de El Niño no implica por sí mismo que se produzcan inundaciones, pero incrementa la probabilidad de determinados eventos climáticos. La magnitud de sus consecuencias dependerá de la ubicación, duración e intensidad de las lluvias, de la saturación previa de los suelos, de los aportes de las altas cuencas de Brasil y Paraguay y de la capacidad de absorción de humedales, lagunas, canales y sistemas urbanos.
Asimismo, desde la perspectiva laboral, el riesgo puede aparecer incluso sin una gran crecida de los ríos. Una precipitación extraordinaria concentrada en pocas horas puede impedir el acceso a establecimientos, interrumpir el transporte público, afectar redes eléctricas, comprometer plantas de tratamiento y estaciones de bombeo, dificultar el funcionamiento de centros logísticos, hospitales y escuelas y afectar las viviendas de los trabajadores. Esta situación adquiere particular relevancia en grandes conglomerados urbanos como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Rosario, Santa Fe, Resistencia, Corrientes, Posadas y las ciudades ribereñas de Entre Ríos.
Por otro lado, las tormentas intensas pueden sumar ráfagas, caída de árboles, desprendimiento de estructuras, cortes de electricidad, caída de cables, interrupciones de las telecomunicaciones, granizo y descargas eléctricas. El informe precisó que el Ministerio de Salud contempló en estos escenarios riesgos traumáticos, shocks eléctricos y de ahogamiento, incluso durante los desplazamientos por calles inundadas, por lo que las condiciones de traslado hacia los lugares de trabajo forman parte de la evaluación preventiva.
Aun así, las inundaciones pueden contaminar fuentes y redes de abastecimiento de agua potable o de uso humano, favorecer la proliferación de focos bacterianos y generar condiciones para enfermedades relacionadas con el contacto con agua contaminada. Entre los principales riesgos sanitarios se encuentran la leptospirosis, el dengue, la chikunguña, la leishmaniasis y las enfermedades gastrointestinales, una situación que adquiere especial importancia para quienes deben intervenir en tareas de limpieza, recuperación de servicios y asistencia después de una emergencia.
El trabajo de la CGT expuso que, en el sector agropecuario, el exceso de precipitaciones puede generar anegamientos y dificultades de acceso a los establecimientos, pese a que una mayor disponibilidad de agua puede resultar favorable para determinadas producciones. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) recomienda diferenciar lomas, medias lomas y bajos, disponer reservas forrajeras en sectores elevados y prever el eventual traslado de hacienda.
En tal sentido sostuvo que la planificación laboral en las actividades rurales requiere contemplar las condiciones de acceso de los trabajadores, la disponibilidad de viviendas seguras y agua potable, los mecanismos de rescate y evacuación, la exposición a animales desplazados y los riesgos derivados del uso de maquinaria en suelos saturados. Las tareas de emergencia pueden generar jornadas extraordinarias y presión para completar cosechas antes de las lluvias, mientras que el contacto con barro, agua contaminada y zoonosis puede prolongar la exposición una vez finalizado el evento.
El transporte y la logística pueden sufrir interrupciones por daños o anegamientos en rutas nacionales y provinciales, caminos rurales, puentes, ferrocarriles y accesos portuarios, junto con dificultades para la navegación y el transporte público urbano. Los caminos rurales adquieren una importancia particular porque su deterioro puede comprometer tanto los circuitos productivos como la asistencia a las poblaciones que quedan aisladas. En el sistema de agua y saneamiento, las lluvias pueden provocar anegamientos, cortes de energía, saturación de estaciones e ingreso de agua contaminada, mientras que la recuperación de los servicios puede incrementar la demanda sobre los trabajadores. Las autoridades sanitarias señalan que las inundaciones pueden afectar redes, cisternas y fuentes de agua y favorecer la aparición de enfermedades gastrointestinales.
Las tareas de recolección de residuos y limpieza urbana enfrentan condiciones particulares durante y después de las lluvias severas. La imposibilidad de retirar residuos, el desplazamiento de materiales, la obstrucción de desagües y la acumulación de residuos orgánicos pueden generar una mayor exposición durante las tareas de recuperación. El contacto con agua cloacal, animales muertos, objetos cortantes, productos químicos, barro contaminado, roedores y otros vectores incrementa los riesgos para estos trabajadores.
En este punto, la leptospirosis requiere una consideración específica, ya que las inundaciones aumentan las posibilidades de exposición a la bacteria que provoca la enfermedad. El Ministerio de Salud recomendó utilizar botas y guantes para las actividades que se desarrollen en ambientes potencialmente contaminados, una medida que debe formar parte de los protocolos de protección laboral.
Las cuadrillas encargadas del suministro eléctrico y las telecomunicaciones pueden quedar expuestas a una combinación de riesgos por cortes del servicio, reparaciones urgentes, trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas y desplazamientos por zonas anegadas. La prevención requiere establecer con anticipación bajo qué condiciones resulta seguro ingresar a instalaciones inundadas, cómo deben realizarse los cortes y qué procedimientos deben aplicarse ante la presencia de líneas eléctricas caídas.
En este contexto, los trabajadores de la salud enfrentan una situación particular porque pueden resultar afectados por la emergencia y, al mismo tiempo, deben garantizar la continuidad de la atención sanitaria, con una demanda que puede incrementarse durante estos episodios. El Plan de Coordinación Federal ENOS incorporó a la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias y contempla vigilancia epidemiológica, refuerzo de recursos humanos y la posibilidad de disponer hospitales desplegables o puestos médicos avanzados.
El informe sindical explicó que la organización del trabajo sanitario debe contemplar relevos, límites de las jornadas, alojamiento, movilidad, elementos de protección personal, exposición biológica, vacunación y continuidad de medicamentos y tratamientos. El objetivo es evitar que la necesidad de sostener la atención durante una emergencia se traduzca en una sobreexposición de quienes integran los equipos de salud.
Las actividades de construcción y las obras públicas pueden enfrentar riesgos asociados con excavaciones, derrumbes, electrocución, superficies resbaladizas, caída de objetos, maquinaria pesada, inestabilidad de los suelos y trabajos en altura. La emergencia puede generar una primera interrupción de las tareas y, una vez finalizada, una mayor demanda de trabajadores para reparar caminos, instalaciones y otras infraestructuras dañadas.
Los trabajadores que integran servicios municipales y equipos de emergencia se encuentran entre los colectivos con mayor exposición, debido a que deben intervenir en condiciones adversas para sostener tareas de defensa civil, bomberos, tránsito, limpieza, mantenimiento, asistencia social, salud y recuperación de servicios. El Plan Federal contempla un sistema operativo escalonado y mecanismos de coordinación entre los niveles nacional, provincial y municipal.
La CGT planteó que la prevención debe considerar las diferencias existentes entre los trabajadores y no limitarse a quienes desarrollan tareas dentro de establecimientos formales. Los trabajadores rurales aislados, informales, cartoneros y recuperadores, migrantes, repartidores y trabajadores de plataformas, personal de emergencia, trabajadores de residuos y electricidad, pescadores, embarcados y quienes trabajan a la intemperie pueden enfrentar niveles de exposición superiores. La situación requiere una atención particular para las personas con discapacidad y para quienes viven en zonas inundables.
El informe incorporó la movilidad como un factor transversal del riesgo laboral. La prestación puede resultar insegura aunque el establecimiento permanezca en condiciones si el transporte público está interrumpido, las rutas se encuentran anegadas, existen cables caídos o el trayecto obliga a atravesar zonas inundadas. La afectación de la vivienda o la necesidad de asistir a familiares evacuados puede generar, en la misma medida, dificultades para concurrir al lugar de trabajo.
Por ese motivo, en el documento propuso incorporar una categoría específica de «riesgo climático de accesibilidad laboral», que permita evaluar la seguridad de los trayectos, las alternativas de transporte, la posibilidad de trabajo remoto, la reorganización de las jornadas y criterios objetivos para justificar la no concurrencia cuando el desplazamiento implique un peligro. La planificación debe prestar especial atención a quienes sostienen servicios esenciales durante las emergencias, entre ellos trabajadores eléctricos, recolectores de residuos, personal encargado de desobstruir drenajes, conductores de ambulancias, trabajadores que reparan rutas, equipos sanitarios, personal de evacuación, trabajadores de telecomunicaciones y quienes participan del traslado y distribución de alimentos.
La Secretaría de Ambiente, Cambio Climático y Transición Justa de la CGT remarcó que la preparación ante el escenario climático debe integrar información, participación de los trabajadores, salud y seguridad laboral, organización del tiempo de trabajo, movilidad, continuidad del empleo y protección de los ingresos. El objetivo es que las medidas de adaptación frente a los eventos climáticos no trasladen sus costos sobre quienes deben garantizar el funcionamiento de los servicios y actividades durante una emergencia.
El escenario previsto para la primavera y el verano 2026/2027 permite adoptar medidas antes de que se produzcan los eventos de mayor impacto. La identificación de las zonas expuestas, las actividades que pueden verse afectadas y los trabajadores que enfrentarán mayores riesgos constituye, de acuerdo con el informe, una oportunidad para fortalecer la prevención y evitar que la respuesta frente a una emergencia climática comprometa la salud, la seguridad o los ingresos de los trabajadores.
