Por Redacción
La Organización de las Naciones Unidas aseguró este viernes que la crisis generada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto puede agravar el riesgo de reclutamiento infantil en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, donde miles de niños quedaron sin clases en zonas con presencia de grupos armados ilegales.
El sismo, de magnitud 7,4, dejó hasta el momento un total de 331 personas fallecidas, 4449 heridos y 219 desaparecidos, con más de 406.000 personas afectadas en 15 departamentos y 496 municipios del país. El impacto sobre la infraestructura educativa resultó considerable: 3800 centros escolares sufrieron daños y la escolaridad de más de un millón de estudiantes quedó interrumpida. Unos 178.000 alumnos cursan en sedes con deterioros estructurales graves. En Chocó, un grupo de escuelas rurales quedó destruido por completo, otras presentan colapsos parciales y varias permanecen bajo riesgo de derrumbe. En Risaralda y Caldas continúan las evaluaciones técnicas para definir qué establecimientos están en condiciones de reabrir sin peligro para la comunidad educativa.
Para la ONU, la reanudación de las clases resulta prioritaria no solo por la continuidad pedagógica, sino porque las escuelas funcionan como espacios de protección para la niñez. La coordinadora residente de la ONU en Colombia, María José Torres Macho, explicó: «Nos preocupa que la situación de los niños fuera de la escuela pueda exacerbar este problema». La funcionaria recordó que el reclutamiento infantil constituía una problemática previa a la emergencia en esas regiones, pero enfatizó que si no se toman las medidas necesarias el problema se puede agudizar.
La funcionaria señaló que las consecuencias de la emergencia se superponen con problemas que ya afectaban a esos territorios. Agregó que “las zonas más afectadas son también las más vulnerables”. Añadió que el conflicto preexistente dificulta la atención de la emergencia y las tareas de recuperación y reconstrucción.
En comunidades rurales de Chocó, con población afrocolombiana e indígena, la ONU todavía no cuenta con un diagnóstico completo de las necesidades. Los caminos dañados, las dificultades para navegar algunos ríos y las fallas en el suministro eléctrico y de conectividad dificultan tanto las evaluaciones como el ingreso de la ayuda humanitaria. A la emergencia sísmica se sumaron nuevos desplazamientos vinculados al conflicto armado. En el municipio de Sipí, unas 95 personas afrocolombianas debieron abandonar la comunidad de Charco Hondo, y existe riesgo de que la situación repercuta en otras dos comunidades de la zona.
La representante de la ONU destacó el rol de las autoridades locales y de las organizaciones indígenas y afrocolombianas, que estuvieron entre los primeros en llegar a las zonas más aisladas. Sin embargo, advirtió que varios municipios cuentan con capacidades limitadas y se encuentran desbordados por la magnitud de la catástrofe. Desde el 10 de agosto, el sistema de Naciones Unidas y sus socios humanitarios asistieron a 72.000 personas en 36 municipios de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, con entrega de alimentos, agua, atención médica, medicamentos, alojamiento, apoyo psicosocial y servicios de protección y educación.
Tras el sismo, el organismo actualizó su plan de respuesta humanitaria y estimó en 1,2 millones la cantidad de personas que requieren asistencia, de las cuales 127.000 fueron identificadas como prioritarias. El plan demanda 148,1 millones de dólares, de los que 82,2 millones corresponden a las necesidades más urgentes. Hasta el momento, los donantes movilizaron más de 40 millones de dólares, a los que se suman cinco millones aportados por el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de la ONU.
Torres Macho indicó que «esto representa más o menos el 40% de las necesidades urgentes». Entre las prioridades identificadas figuran la vivienda, la atención médica, los medicamentos, el agua potable, la educación y la recuperación de los medios de vida. En algunos territorios, los recursos disponibles comenzaron a escasear. En Caldas, la entrega de alimentos y artículos de higiene se sostuvo en parte gracias a donaciones, aunque esas existencias están por agotarse y ya no hay capacidad para garantizar las próximas distribuciones. Los alojamientos temporales relevados en Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas presentan fallas: el 33% registra carencias de saneamiento e higiene, el 31% tiene problemas de acceso al agua y el 22% necesita alimentos.
Torres Macho subrayó que la respuesta debe orientarse cuanto antes hacia la recuperación y la reconstrucción, en particular en las comunidades que ya eran vulnerables antes del terremoto. Expresó que «es muy importante apoyar también a los municipios, para que haya planificación urbana y no reproduzcamos la vulnerabilidad y terminemos creando otro desastre».
