Por Redacción
Los rectores de las universidades públicas nacionales de todo el país se movilizan este miércoles a Casa Rosada para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La concentración fue convocada para este miércoles a las 14:30 en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. La movilización se produce un día después del fallo del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno libertario frenó la ejecución de la Ley 27.795. El Ejecutivo sostuvo como justificación que la normativa sancionada por el Congreso no especificaba las fuentes de financiamiento.
Para Cormick, ese argumento “deviene irrazonable”, dado que el artículo 9 de la ley establece pautas de financiamiento y otorga facultades al Poder Ejecutivo para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. El juez consideró que, en los términos en que fue dictado el Decreto 759/2025, este funcionó como un “mecanismo extraconstitucional”. La decisión judicial fue hacer lugar a la acción de amparo colectiva impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA), universidades públicas de todo el país y sindicatos docentes, y ordenó al Gobierno cumplir de forma inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario.
En este contexto, el CIN se movilizará para exigirle al Gobierno de Milei que cumpla con lo ordenado por la justicia y se ponga a derecho. El pedido comprende la ejecución de todas sus disposiciones y no solamente aquellas relacionadas con los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles. La jornada de protesta se desarrollará en paralelo a la reunión mensual del Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores de las universidades públicas nacionales.
Mientras tanto, el Ejecutivo reaccionario prepara la apelación contra el fallo de Cormick para evitar cumplir con la legislación sancionada y ratificada en el Congreso. La administración liberal entiende que la educación es un gasto que debe ser ajustado sin atender lo que ello significa para las y los trabajadores del sector y para los estudiantes en todo el país. El Gobierno de Milei está decidido a destruir todo el entramado social que promueva la movilidad social ascendente en los sectores populares.
