Por Redacción
A instancias de la fiscal Celsa Ramírez que dio lugar a una denuncia realizada por la empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. y la concesionaria Emova, 171 trabajadores del subte fueron imputados por “asociación ilícita” en el marco de una causa donde se persigue a Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro por medidas gremiales realizadas entre 2024 y 2025.
La persecución judicial reactivó el conflicto con los metrodelegados, que en abril se declararon en estado de alerta y movilización frente a lo que definieron como un proceso de criminalización de la protesta sindical. En este contexto, los trabajadores y la conducción sindical convocaron a una conferencia de prensa para el próximo miércoles, donde expondrán el estado de situación del caso a la opinión pública y darán a conocer los pasos a seguir. No se descartan medidas de acción directa.
Néstor Segovia, Secretario General de la AGTSyP, señaló que «esta denuncia constituye un intento de criminalizar la protesta y limitar derechos constitucionales. Imputa a trabajadores y trabajadoras por el delito de asociación ilícita., cuando en realidad se trata de acciones gremiales llevadas adelante durante 2024 y 2025».
En este marco, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte que conduce Juan Carlos Schmid, expresó su solidaridad con los trabajadores del sector y denunció la persecución sindical sistémica que ejecuta tanto el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Jorge Macri y el Ejecutivo Libertario.
El Consejo Directo de la CATT convocó a acompañar a las y los trabajadores del sector, al mismo tiempo que afirmó que la causa implica «un grave antecedente en materia de persecución sindical, pretendiendo judicializar acciones gremiales legítimas desarrolladas durante los años 2024 y 2025, convocadas tanto por la AGTSyP como por esta Confederación».
Por último, la conducción sindical ratificó su «su compromiso de acompañar cada uno de los reclamos de nuestra organización afiliada y defender, junto al conjunto del movimiento obrero, la libertad sindical, el derecho a huelga y los derechos constitucionales de los trabajadores y trabajadoras».
