Por Redacción
El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, que integran organizaciones del mundo del trabajo rechazó «íntegramente» el proyecto de Ley de reforma y modernización del derecho del trabajo. En tal sentido, adelantó que llevará adelante distintas acciones de resistencia en todo el país y exigió reuniones con legisladores y gobernadores «para que asuman su responsabilidad institucional».
En este marco, el Foro adelantó que «denunciará en todas las instancias nacionales e internacionales la gravedad del presente proyecto, y defenderá a quienes viven de su trabajo, manteniéndose en estado de alerta permanente en defensa de la dignidad de quienes trabajan».
En esta etapa, sostuvo que «nada, «y compatible con ninguno de los Tratados, Convenios Internacionales de la O.I.T, la Constitución Nacional Argentina, los principios generales y específicos del derecho internacional y nacional del trabajo y de la seguridad social y su inserción en el conjunto de los Derechos Humanos. Nada tiene de “moderno” su contenido; por el contrario, su aprobación nos retrotraerá al siglo XIX».
Asimismo, explicó que «lo que se expresa a través de su normativa es la demolición, liquidación, extinción y cancelación de los contenidos más esenciales de ese conjunto intangible de normas y valores que son universales, irrenunciables, rectores de las relaciones individuales y colectivas del trabajo, lo que afectará de manera trágica a la totalidad de la clase trabajadora de Argentina. Ello, a un nivel jamás alcanzado por ningún otro proyecto y en ningún otro estadio de su desarrollo».
Al mismo tiempo, el Foro afirmó que «es falso que las leyes laborales contribuyan a la creación de empleo o a su destrucción. En Argentina, con la ley vigente, se crearon millones de puestos de trabajo y, de igual modo, se perdieron. Lo que determina el crecimiento positivo de los indicadores sociales es la política económica, y la de este gobierno va en sentido contrario».
En tal sentido, puntualizó que «igualmente irreal es que exista una “industria del juicio laboral”. Eso no solo es falso en términos cuantitativos, sino que, en todo caso, la litigiosidad existente deriva del alto nivel de ilegalidad del mundo del trabajo y de una verdadera “industria del incumplimiento patronal. La eliminación de los sistemas de indemnizaciones y sanciones frente a los incumplimientos de las obligaciones derivadas de las relaciones laborales no hará más que incrementar los niveles de precarización existentes, favoreciendo la evasión laboral, previsional y la informalidad».
Por otro lado, para el Foro «la implementación del Fondo de Asistencia Laboral disminuye los ingresos del Sistema Previsional (SIPA), mediante la reducción de 3 puntos porcentuales en las contribuciones patronales, desfinanciando de tal manera los ya escasos recursos de la seguridad social en detrimento de trabajadoras y trabajadores».
De la misma manera, remarcó que «la progresiva eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo encubre el propósito de impedir que los trabajadores puedan reclamar sus derechos en igualdad de condiciones. La asignación de competencias al Fuero Contencioso Administrativo elimina la garantía del juez natural y la existencia de una justicia especializada en el trabajo. La obediencia debida que se impone y solo se les exige a los jueces del trabajo afecta su independencia».
El Foro indicó que «es impensable la discusión de algunos aspectos parciales, secundarios o sectoriales de este proyecto, por lo que no admite más que su rechazo total», y agregó que «las discusiones que debieran abrirse, necesariamente, han de ser las que conciernen a un fortalecimiento del sistema protectorio del derecho laboral y una política estatal que elimine la clandestinización y privación de derechos y garantías constitucionales para un universo que ya está representando la mitad o más de la totalidad de la fuerza de trabajo activa en la República Argentina».
Por último, aclaró que «llevará adelante acciones de resistencia a lo largo y lo ancho de todo el país, exigirá reuniones con gobernadores y legisladores nacionales para que asuman su responsabilidad institucional, denunciará en todas las instancias nacionales e internacionales la gravedad del presente proyecto, y defenderá a quienes viven de su trabajo, manteniéndose en estado de alerta permanente en defensa de la dignidad de quienes trabajan».
