Por Redacción
El gobierno de Javier Milei definió un nuevo aumento generalizado en servicios públicos y combustibles que entrará en vigencia desde febrero en todo el país y profundizará el impacto del ajuste sobre los ingresos de las familias. La decisión fue adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional y quedó formalizada este viernes mediante el Decreto 74/2026, publicado en el Boletín Oficial.
En el caso del servicio de gas por red, la suba será del 16,9 por ciento para los usuarios residenciales de todas las categorías. El incremento se traducirá en un encarecimiento mensual que irá desde 960 pesos hasta valores cercanos a los 11.900 pesos por hogar, según nivel de consumo y ubicación geográfica. Para los usuarios de menor consumo, que representan cerca del 70 por ciento del padrón residencial, el aumento se moverá en una franja de entre 960 y 6.400 pesos. En los hogares con consumos medios y altos, el impacto alcanzará montos de entre 2.900 y 11.300 pesos.
La electricidad tendrá una actualización del 3,59 por ciento para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que en el resto de las provincias el traslado a tarifa dependerá de las decisiones de cada jurisdicción. Desde el Ejecutivo justificaron el esquema tarifario. La Casa Rosada sostuvo que «este incremento se implementa ahora para evitar saltos bruscos en las boletas durante el invierno y así poder otorgarle previsibilidad a la gente».
La política de aumentos no se limitó a los servicios domiciliarios. El mismo decreto dispuso una nueva actualización de los impuestos a los combustibles, lo que volverá a presionar sobre los precios en surtidor y, de manera indirecta, sobre toda la cadena de costos.
A partir de febrero, el litro de nafta quedará alcanzado por un incremento impositivo de 16,773 pesos correspondiente al impuesto a los combustibles líquidos, junto con una suba adicional de 1,027 pesos por litro vinculada al impuesto al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, el aumento del gravamen se ubicará en torno a los 14,372 pesos por litro. Para las regiones alcanzadas por el régimen diferencial, como la Patagonia y distintas zonas del interior, el tributo específico se incrementará en 7,782 pesos por litro.
El paquete de medidas configura una nueva transferencia de recursos desde los usuarios hacia alas arcas de la administración libertaria en un contexto de caída del consumo, pérdida de poder adquisitivo y aumento de la pobreza, sin que el Gobierno haya anunciado mecanismos de protección para los sectores más afectados.
La suba simultánea de tarifas y combustibles consolida la orientación económica del gobierno reaccionario , que prioriza el ajuste fiscal aun cuando el impacto recae sobre bienes básicos como la energía y el transporte, y vuelve a colocar a los hogares como principal variable de ajuste de la política económica.
