Por Martín Tomassini
Ante un modelo reaccionario que considera a la educación un gasto y al conocimiento un privilegio de casta, la resistencia en las universidades nacionales y en las calles aparece como una de las pocas garantías de futuro. El desfinanciamiento impulsado por el gobierno de Javier Milei golpea de lleno a uno de los pilares históricos de la movilidad social ascendente en la Argentina.
En un contexto donde el ajuste económico se presenta como sinónimo de eficiencia, la educación pública atraviesa una etapa crítica. No se trata solamente de números ni de partidas presupuestarias. Lo que está en discusión es el futuro de una de las herramientas más importantes de igualdad social que construyó nuestro país. En tal sentido, la licenciada en Psicología Jesica Fabiana Godoy sostuvo que el debate excede lo presupuestario: “lo que está en juego es la definición de qué tipo de sociedad queremos construir y si el conocimiento debe ser entendido como un derecho humano fundamental o como un privilegio reservado para unos pocos”.
La ofensiva del gobierno nacional no impactó únicamente sobre los edificios o los presupuestos. También golpeó las expectativas de miles de jóvenes que encuentran en la universidad pública una posibilidad concreta de progreso. Godoy aseguró que hoy existen sobre dos modelos en disputa: “una sociedad donde el conocimiento sea un derecho accesible para todos; o una donde aprender, pensar y progresar dependan exclusivamente de las posibilidades económicas de cada individuo”.
Para el peronismo, que hizo de la gratuidad universitaria una bandera histórica de justicia social, la universidad no es un gasto. Es la posibilidad de que el hijo de un trabajador pueda convertirse en el profesional que la Patria necesita.
El desfinanciamiento como arma de disciplina social
El deterioro presupuestario ya no es una advertencia teórica. Según datos oficiales de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, el presupuesto destinado a las universidades nacionales cayó un 49%, en términos reales, ya que las partidas presupuestarias se actualizaron por debajo de la inflación.
Godoy, afirmó que esta situación no es casual y la interpretó como parte de una lógica “profundamente individualista, donde cada persona queda librada a sus posibilidades económicas y donde el conocimiento pasa a ser un privilegio y no un derecho”.
Desde una perspectiva psicológica y pedagógica, y retomando el pensamiento de Paulo Freire, sostuvo que “la educación tiene la capacidad de transformar personas y, a partir de allí, transformar realidades. Por eso, cuando se debilita la universidad pública, también se debilita la idea de que una sociedad puede cambiar colectivamente”.
La desvalorización de quienes sostienen el sistema
La batalla cultural del oficialismo alcanzó a quienes sostienen cotidianamente el sistema educativo. La desacreditación permanente de los docentes y la instalación de la idea de que la “universidad pública” es un espacio de adoctrinamiento busca fragmentar a la comunidad educativa y generar desconfianza de cara a la observación social.
En ese sentido, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU)advirtió, en distintos informes y comunicados, sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes universitarios y sostuvo que esa situación afectó las condiciones de enseñanza y el funcionamiento del sistema universitario.
A nivel internacional, organismos como la UNESCO sostienen que la educación es un derecho humano fundamental y una herramienta clave para el desarrollo social y económico. En ese marco, distintos sectores académicos y educativos cuestionaron los modelos basados en una lógica extrema de competencia, al considerar que profundizan desigualdades y debilitan la equidad educativa.
Un compromiso con la historia
Como conclusión, la licenciada Godoy remarcó que “la universidad pública argentina ha sido históricamente una herramienta de movilidad social y democratización del conocimiento”. Y agregó: “Gracias a ella, miles de hijos e hijas de trabajadores pudieron acceder a oportunidades que durante mucho tiempo estuvieron reservadas para sectores privilegiados”.
Por eso, la defensa de la universidad pública no puede reducirse a una discusión presupuestaria o sectorial. Lo que se debate es mucho más profundo: ¿qué lugar ocupa el conocimiento en la Argentina y quiénes pueden acceder a él?
En tiempos donde todo parece medirse por rentabilidad, defender la universidad pública también es defender una idea de comunidad organizada. Porque detrás de cada estudiante que logra recibirse hay una historia familiar, un esfuerzo colectivo y una esperanza concreta de una vida mejor.
Y porque, todavía hoy, defender las aulas sigue siendo, también, defender la Patria.
