Por Redacción
Bolivia atraviesa una de las crisis políticas y sociales más graves de los últimos años. Tras más de dos semanas de protestas, bloqueos y enfrentamientos en distintos puntos del país, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira endureció la represión contra las organizaciones sindicales y campesinas que exigen soluciones frente a la crisis económica, la falta de combustibles y el deterioro de las condiciones de vida. En medio del conflicto, el gobierno de Javier Milei resolvió respaldar a la administración liberal boliviana y envió asistencia logística y militar para garantizar el abastecimiento en La Paz.
La tensión escaló durante el fin de semana con fuertes choques entre manifestantes, la Policía y el Ejército en los accesos a la capital boliviana. Las movilizaciones, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos, mineros y organizaciones ligadas al espacio “Evo es Pueblo”, dejaron al menos 57 personas detenidas y profundizaron el desabastecimiento en mercados y hospitales.
La crisis se desató hace dos semanas en medio de reclamos por la escasez de combustibles, la falta de dólares y el deterioro económico que atraviesa Bolivia desde la asunción de Rodrigo Paz Pereira, hace apenas seis meses. Los bloqueos afectan rutas estratégicas en cinco de los nueve departamentos del país y paralizaron buena parte del transporte de pasajeros, las exportaciones y la distribución de alimentos y medicamentos. La Administradora Boliviana de Carreteras confirmó que existen más de 20 puntos de bloqueo activos, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz. Según cámaras empresariales bolivianas, las pérdidas económicas superan los 50 millones de dólares diarios y ya hay cerca de 5 mil vehículos varados en rutas nacionales.
En respuesta a las protestas, el gobierno desplegó alrededor de 3.500 efectivos policiales y militares en El Alto y sobre la ruta La Paz-Oruro. Las fuerzas de seguridad intentaron despejar los accesos a la capital mientras columnas de manifestantes avanzaban hacia la Plaza Murillo, donde se encuentran las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. En este escenario, la Policía utilizó gases lacrimógenos y disparos de balines para reprimir las marchas, mientras grupos de manifestantes respondieron con piedras, petardos y cargas de dinamita de fabricación casera.
En ese contexto, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó órdenes de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y otros 24 dirigentes sindicales y sociales vinculados a las movilizaciones. Desde la ciudad de Sucre, el funcionario judicial, a fin al régimen liberal explicó que las medidas judiciales forman parte de investigaciones sobre presuntos delitos cometidos durante las protestas y bloqueos que mantienen paralizado al país desde hace tres semanas.
El gobierno boliviano endureció aún más el discurso frente a las organizaciones movilizadas. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que algunos sectores buscan provocar un escenario de violencia para agravar la crisis política. “Esta gente está viniendo a buscar víctimas”, afirmó el funcionario, quien acusó a los manifestantes de intentar forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. Mientras tanto, la marcha del frente “Evo es Pueblo”, proveniente del Trópico de Cochabamba, continuaba este martes su avance hacia La Paz y se encontraba a poco más de 60 kilómetros de la capital.
En medio de la crisis, el gobierno de Javier Milei resolvió respaldar políticamente a la administración derechista boliviana y anunció el envío de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina para colaborar con el traslado de alimentos, medicamentos e insumos esenciales hacia las zonas afectadas por los bloqueos. La decisión libertaria volvió a mostrar el alineamiento regional de Milei con gobiernos conservadores y con estrategias de seguridad centradas en la militarización de los conflictos sociales. El apoyo argentino llegó mientras en Bolivia se profundiza un escenario de creciente conflictividad política, con detenciones de dirigentes sindicales, fuerte presencia militar en las calles y una economía cada vez más golpeada por la recesión y la escasez de combustibles.
