Por Redacción
El Instituto de Estudios y Formación, de la CTA Autónoma, presentó este martes un informe donde rechazó proyecto de proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Federico Sturzenegger al establecer que el mismo «en cada uno de esos capítulos se apunta a reducir el margen del Estado para intervenir sobre la propiedad privada y fortalecer la posición de quienes ya la tienen». La normativa impulsada por la administración liberal se encuentra en debate en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado, que encabezan legisladores de la Libertad Avanza.
El gobierno de Milei espera avanzar con el dictamen en los próximos días sin profundizar el debate. Sin embargo, en un comunicado conjunto organizaciones campesinas, territoriales, sociales y sindicales, manifestaron su rechazo al proyecto de Ley que posibilita una mayor concentración de tierras en pocas manos. En este escenario, el IEF expresó que «Argentina tiene 13 millones de hectáreas en manos de empresas extranjeras, cinco millones de personas viviendo en barrios sin agua ni cloaca y 200.000 viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires que nadie alquila porque rinden más como activo financiero. Con esa realidad como telón de fondo, el gobierno de Javier Milei está impulsando un proyecto bautizado «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» que apunta a profundizar ese cuadro».
Del mismo modo, sostuvo que «en 53 artículos, el proyecto libertario toca simultáneamente varios regímenes legales: el de expropiaciones, el de desalojos, el que regula los barrios populares, la propiedad de las tierras rurales y el manejo del fuego. En cada uno de esos capítulos se apunta a reducir el margen del Estado para intervenir sobre la propiedad privada y fortalecer la posición de quienes ya la tienen. Desde permitir que un inversor extranjero pueda comprar campos sin límite de hectáreas hasta habilitar desalojos exprés para familias inquilinas».
El IEF denunció que uno de los objetivos del proyecto libertario es «desmantelar la política de integración sociourbana». En tal sentido, explicitó que «se estima que unas cinco millones de personas viven en asentamientos donde el 99% no tiene gas, el 92% no tiene agua corriente formal y el 97% carece de red cloacal. En 2018, con amplio consenso parlamentario, se sancionó la Ley 27.453, que se propuso como el instrumento para una mayor intervención del Estado en el tema. La ley declaró de interés público la integración sociourbana de los 6.467 barrios inscritos en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana), creó el FISU (Fondo de Integración Socio Urbana) para financiar obras de infraestructura y suspendió los desalojos por diez años».
En esa línea agregó que «el proyecto de Sturzenegger apunta a desmantelar esa ley. Lo que propone es reemplazar el modelo centralizado por un esquema donde cada provincia diseña e implementa sus propios mecanismos de regularización dominial, sin garantía de financiamiento nacional y sin obligación de resultados. Elimina además tres pilares de la ley vigente: la facultad del Estado nacional de expropiar los terrenos donde están los barrios para regularizar; la suspensión de desalojos que daba estabilidad mínima a las familias; y el cupo del 25% de obras reservado a cooperativas y organizaciones de la economía popular de los propios barrios».
Por otro lado, expuso que «siete años después de sancionada la Ley 27.453, sólo el 0.08% del suelo de los barrios populares tiene título de propiedad privada a nombre de sus habitantes. El proyecto que el gobierno llama «inviolabilidad de la propiedad» deja a cinco millones de personas más lejos que nunca de acceder a ella».
El informe recordó que en mayo de 2025 el gobierno nacional disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana mediante el Decreto 312/2025 y paralizó 734 obras de infraestructura en barrios populares. Según el relevamiento, más de 25 mil trabajadores perdieron sus puestos laborales tras el freno de proyectos vinculados al acceso al agua, cloacas, electricidad y apertura de calles.
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es la reforma de los procesos de desalojo. La iniciativa convierte todos los juicios urbanos y rurales en procedimientos sumarísimos. Dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, el juez deberá constatar la identidad de los ocupantes y, en apenas cinco días, podrá ordenar la restitución anticipada del inmueble al propietario bajo caución juratoria. El proyecto reaccionario habilita incluso la intervención de la fuerza pública.
El informe advirtió que los desalojos exprés se aplicarán sobre un mercado inmobiliario ya desregulado por el DNU 70/23, que derogó la Ley de Alquileres. Según datos del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA citados por el IEF, los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, frente a una inflación acumulada del 209%. La investigación añadió que el 57% de los hogares inquilinos del Área Metropolitana de Buenos Aires destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler, según la Encuesta Inquilina 2025 elaborada por la UBA y el CONICET. El 45% de esos hogares se encuentra endeudado y el 72% de quienes tomaron deuda lo hicieron para pagar el alquiler.
En ese escenario, el IEF sostuvo que “sin ley de alquileres, sin plazos mínimos, con contratos cada vez más cortos y aumentos que duplican la inflación, el mecanismo de desalojo exprés puede ejecutarse antes de que una familia encuentre adónde ir”. El organismo vinculó esa situación con la existencia de un importante volumen de viviendas vacías en la Ciudad de Buenos Aires. Indicó que hay 200 mil inmuebles desocupados, equivalentes al 13,8% del parque inmobiliario porteño, cuyos propietarios prefieren conservarlos como reserva de valor antes que volcarlos al mercado locativo.
El trabajo del IEF cuestionó, a su vez, la eliminación de límites a la extranjerización de tierras rurales. La propuesta impulsada por Sturzenegger modifica la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establecía un tope del 15% para la tenencia extranjera de tierras y fijaba límites de mil hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo. Asimismo, la iniciativa libertaria elimina esas restricciones para personas físicas y jurídicas privadas extranjeras y mantiene límites sólo para Estados extranjeros o entidades vinculadas.
Actualmente existen 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, una superficie equivalente a la provincia de Santa Fe. Entre los propietarios mencionados por el IEF aparecen el Grupo Benetton, con 920 mil hectáreas en la Patagonia; Joe Lewis, con 38 mil hectáreas en Río Negro y el acceso restringido al Lago Escondido; junto a Donald Trump, Peter Thiel, Paul Tudor Jones y Eduardo Elsztain. “El 80% de la producción agrícola en la zona núcleo se hace sobre campos alquilados; entre el 60 y el 70% de quienes producen en la agricultura familiar no son dueños de la tierra que trabajan. Este proyecto no defiende al productor. Garantiza la renta del que no produce”, sostuvo el IEF.
Otro de los capítulos cuestionados por el Instituto que depende de la CTA Autónoma, es la derogación de artículos centrales de la Ley de Manejo del Fuego, que prohibía el cambio de uso del suelo durante 30 años en áreas agrícolas incendiadas y durante 60 años en bosques nativos, humedales y zonas protegidas. El IEF aseveró que entre finales de 2025 y comienzos de 2026 los incendios arrasaron más de 230 mil hectáreas en Chubut, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Frente a ese escenario, advirtió que eliminar las restricciones “sólo puede apuntar en la dirección de habilitar el negocio”.
Por último, el IEF remarcó que la iniciativa oficialista utiliza el artículo 17 de la Constitución Nacional para debilitar otros derechos reconocidos constitucionalmente, como el acceso a la vivienda, el hábitat, el ambiente sano y los territorios de comunidades originarias. El informe destacó que «la ‘seguridad jurídica’ que invoca Sturzenegger apunta a proteger al capital con posición propietaria: al rentista que cobra por dejar que otros trabajen su tierra, al inversor que mantiene viviendas vacías como activo financiero, al fondo extranjero que acumula campo sin producirlo”.
