Por Redacción
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires rechazó la decisión de la administración libertaria de reducir las actividades de la Base Aeronaval Punta Indio y de trasladar las escuadrillas de vigilancia marítima junto con la Escuela de Aviación Naval hacia la Base Comandante Espora, en Bahía Blanca. La medida, que entrará en vigencia en enero próximo, encontró resistencia en el intendente David Angueira y de la comunidad de Punta Indio, que ya elevaron su reclamo ante las autoridades nacionales competentes.
La Base Aeronaval Punta Indio constituye la principal fuente de trabajo del distrito. El recorte dispuesto por la Casa Rosada compromete a 185 trabajadores civiles y a 150 efectivos con sus familias. Para Verónica y el resto del partido, la salida de la unidad representa mucho más que un ajuste contable: la localidad pierde una institución que forma parte de su identidad desde hace generaciones.
La Armada Argentina confirmó el desmantelamiento operativo de Punta Indio como respuesta a la asfixia presupuestaria que atraviesa el conjunto de las Fuerzas Armadas. A partir de enero, la base dejará de tener rango operativo y pasará a llamarse formalmente «Estación Aeronaval Punta Indio». La resolución fue comunicada al personal por el comandante de la Aviación Naval, contraalmirante Germán Román Olivero, y dispone el traslado definitivo de la Escuela de Aviación Naval (ESAN), de los aviones de entrenamiento Beechcraft y de las tres aeronaves B200 Cormorán, adaptadas para tareas de exploración y de búsqueda y rescate marítimo, hacia la Base Comandante Espora.
En este contexto, l Gobierno bonaerense expresó su preocupación por la medida y acompañó al municipio en la conformación de una Mesa de Defensa de la Base Aeronaval Punta Indio, integrada por personal civil y militar de la unidad, representantes de los bloques del Concejo Deliberante local, autoridades municipales, sindicatos, instituciones y organizaciones de la comunidad. En paralelo, le exigió al Ministro de Defensa, Carlos Presti, una respuesta positiva a los pedidos de audiencia que el municipio de Punta Indio le remitió en las últimas semanas.
La disolución de la defensa nacional
Con el remanido argumento de la optimización de recursos y la centralización logística, la medida supone el abandono de una presencia militar permanente en un punto clave para el control de los accesos fluviales y marítimos del país. Tres consecuencias concentran el mayor nivel de preocupación entre especialistas y vecinos del distrito: En primer lugar, la pérdida de control directo sobre el Río de la Plata. Punta Indio fue históricamente el bastión aeronaval que custodió la entrada a la Vía Navegable Troncal del Paraná y las aguas compartidas del Río de la Plata exterior. Concentrar toda la aviación naval en Bahía Blanca aleja los medios aéreos del área de mayor tráfico comercial y densidad marítima del país.
En segundo término, el impacto sobre el protocolo de búsqueda y rescate, conocido como SAR. Los B200 Cormorán apostados en Punta Indio garantizaban una respuesta rápida ante emergencias en aguas abiertas, bajo convenios internacionales ratificados por la Organización Marítima Internacional. El repliegue hacia el sur dilata los tiempos de reacción frente a catástrofes en la zona metropolitana y el litoral norte, y transfiere de hecho esa responsabilidad a los medios de la Prefectura Naval. Por último, un quiebre en la formación aeronaval. La Escuela de Aviación Naval no solo instruyó a pilotos de la Armada: mediante acuerdos de cooperación internacional, formó también a aviadores de otras fuerzas y de países de la región. El cierre de sus pistas y hangares tradicionales reduce esa capacidad docente a un esquema comprimido en Espora.
La degradación de Punta Indio a estación secundaria responde de manera directa al recorte sostenido en el sector Defensa. La pérdida salarial real del personal supera el 80% en algunos rubros de funcionamiento, con decenas de miles de millones de pesos cercenados a los programas operativos. Ese cuadro obligó a la fuerza a cerrar instalaciones para concentrar los recursos disponibles en una única cabecera. El golpe económico recae de lleno sobre Verónica y Punta Indio, donde la base funcionó siempre como el principal motor productivo del distrito.
El traslado de 150 militares con sus familias y la eliminación de partidas operativas anticipan una caída abrupta en la circulación económica local, aun con la promesa oficial de sostener los talleres de mantenimiento para evitar despidos entre el personal civil. Convertida en un aeródromo sin aviones propios, dependiente de recibir naves de otras bases para reparaciones mayores, resulta incierta la viabilidad de mantener una infraestructura de esa magnitud a mediano plazo sin presupuesto operativo propio.
El cierre operativo de Punta Indio no aparece como un hecho aislado. Se suma a una secuencia de decisiones que, según el análisis provincial, debilitan la arquitectura de la Defensa Nacional: la cesión del monitoreo y la inteligencia del Mar Argentino a través del Programa 333 y de la doctrina de los «Bienes Comunes Globales» compartida con el Comando Sur de Estados Unidos. El avance de proyectos de reestructuración ministerial orientados a diluir la naturaleza militar de la Flota de Mar y asimilarla a funciones policiales de Prefectura; y el endeudamiento para adquirir armamento externo cuyos códigos y logística dependen de potencias de la OTAN, en simultáneo con la degradación salarial y sanitaria de la tropa propia.
La pérdida de una base aeronaval no equivale, entonces, a un simple reordenamiento administrativo: constituye para la Provincia una retracción territorial del Estado argentino. Mientras el Atlántico Sur y sus vías fluviales concentran tensiones geopolíticas y persiste la ocupación colonial en las islas Malvinas, el repliegue hacia el sur debilita el dispositivo de alerta temprana y de disuasión soberana en un punto estratégico de la República.
