Por Redacción
El último informe de coyuntura del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz expuso el deterioro sostenido del mercado laboral y del entramado productivo desde el inicio del gobierno de Javier Milei. El trabajo reveló que, durante ese período, se perdieron 271.000 empleos registrados y se produje el cierre de 22.600 empresas, en un contexto de caída de la actividad en sectores clave orientados al mercado interno.
De este modo, el CESO indicó que sectores como el agro (+17%) y el de hidrocarburos (+16%) registraron subas de su activad, aquellos rubros que hacen al mercado interno, como construcción e industria registraron una caída del 15% y 9%, respectivamente. Ese comportamiento incidió en el empleo: entre ambos segmentos concentraron la pérdida de 121.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión.
Por otro lado, el informe puso en discusión las cifras oficiales sobre crecimiento económico. Funcionarios del gobierno sostuvieron que el Producto Bruto Interno avanzó cerca de 10% durante la gestión. El CESO planteó que esa estimación surge de una comparación que toma como punto de partida diciembre de 2023, lo que oculta la caída inicial tras la devaluación. Al aplicar un criterio metodológico más consistente, el estudio estimó un crecimiento de apenas 1,8%. Incluso los datos oficiales que indican una suba del 4,8% entre el último trimestre de 2025 y el mismo período de 2023 responden, según el análisis, a una base de comparación baja y no a una recuperación sostenida.
Asimismo, el mercado laboral reflejó ese deterioro. La tasa de desocupación alcanzó el 7,5% en el último trimestre, el nivel más alto para ese período desde la pandemia, en un contexto en el que la tasa de actividad se mantuvo en torno al 48% de la población. El CESO indicó que el aumento del desempleo respondió a una caída de la tasa de empleo.
Del mismo modo, sostuvo que «otro dato preocupante es la informalidad, que crece lenta pero persistentemente y ya alcanza el 43% de la población económicamente activa». Sostuvo que la expansión de formas de trabajo precarias, asociadas a plataformas o tareas sin protección, y la incapacidad de esos espacios para absorber la pérdida de empleo en sectores tradicionales. En ese marco, el informe describió un escenario de “uberización” del trabajo, con trabajadores que buscaron ingresos complementarios ante la caída del salario real.
El CESO expuso que la caída del empleo no se limitó a un solo segmento. El sector privado formal perdió 201.000 puestos y el sector público otros 70.000. El monotributo social registró una reducción de 381.000 personas. Ese descenso se compensó de manera parcial con el aumento de 170.000 monotributistas y trabajadores autónomos, lo que no alcanzó para revertir la tendencia general.
El informe analizó el comportamiento del entramado empresario y concluyó que la contracción afectó a firmas de todos los tamaños. El impacto resultó más severo en las PYMES, que representan cerca del 70% del total y cuentan con entre uno y cinco trabajadores. En ese segmento se concentró gran parte de los cierres registrados desde diciembre de 2023.
En este escenario, el Centro cuestionó la utilización de datos oficiales para describir la evolución del empleo. Cabe señalar que el gobierno libertario sostuvo que se crearon de 400.000 puestos de trabajo a partir de la Cuenta Generación del Ingreso, una herramienta que infiere niveles de ocupación en función de la actividad económica. El informe señaló que esa metodología parte de coeficientes fijos y no refleja con precisión lo ocurrido tras la salida de la sequía de 2023. Al considerar todas las modalidades laborales, el estudio estimó una pérdida superior a 500.000 puestos desde noviembre de ese año.
Por otro lado, en materia de ingresos, el deterioro alcanzó a la mayoría de los trabajadores. Jubilados, empleados públicos y asalariados privados registrados registraron caídas en su poder adquisitivo, con retrocesos del 18%, 9% y 2% respectivamente. El único segmento con mejora fue el de trabajadores informales, con un aumento del 28%, aunque el informe advirtió que ese dato se encuentra atravesado por cambios metodológicos en la medición estadística y por la incorporación de ingresos no laborales previamente no registrados.
El análisis detalló que la información sobre ingresos informales presenta un rezago de varios meses y que las modificaciones en la Encuesta Permanente de Hogares introdujeron una ruptura en la serie histórica, lo que dificulta la comparación. Ese cambio permitió captar con mayor precisión transferencias sociales, lo que incidió en la aparente mejora del ingreso en ese segmento.
Así, sólo dos sectores lograron recomponer ingresos por encima de la inflación: hoteleros y gastronómicos, con una suba del 5,6%, y bancarios, con un incremento del 2,5%. El resto de las actividades mostró pérdidas. Los trabajadores de la sanidad registraron una caída del 15%, los de la construcción del 10% y los docentes del 6,6%, en un contexto de deterioro generalizado del salario real.
El CESO añadió que «a excepción de los trabajadores no registrados —cuyo ingreso mostró una suba del 28% respecto de noviembre de 2023—, los asalariados registrados del sector público (-9%) y privado (-2%), así como los jubilados que perciben la mínima con bono (-18%), experimentaron caídas en términos reales».
Por último, el Centro remarcó que «la combinación entre negacionismo y manipulación de datos constituye uno de los ejes centrales de la estrategia discursiva del gobierno, orientada a construir un escenario económico alternativo al que reflejan los indicadores de la economía real. Esta brecha entre el discurso oficial y la dinámica efectiva de la economía no es menor ni marginal: los principales indicadores muestran una divergencia sistemática entre los planteos del gobierno y los resultados observados».
