Por Redacción
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Lanús hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina y determinó que el organismo oficial debe actualizar los salarios congelados por disposición del Poder Ejecutivo, desde octubre de 2024. El fallo dispone una recomposición con efecto retroactivo a noviembre de ese año y equipara las condiciones con otros trabajadores del propio organismo.
La decisión de la justicia se fundamentó en la situación de desventaja que atraviesan los empleados viales frente al resto de los trabajadores del organismo: “acreditado el prolongado congelamiento salarial que afecta al sector desde octubre de 2024”, así como “la pérdida del poder adquisitivo en un contexto inflacionario y la situación de desigualdad respecto de otros trabajadores del organismo que sí percibieron incrementos salariales”. El fallo subrayó “el carácter alimentario del salario” y la “falta de una negociación colectiva efectiva” como ejes centrales para otorgar la cautelar.
En este marco, Graciela Aleñá, Secretaria General del STVyARA, explicó que «por lo menos vamos a contar con los números que se sigan firmando. Sabemos que no alcanza, sabemos que es poco, consideramos que es un tema importante». Al mismo tiempo, remarcó que el fallo judicial,«representa un paso fundamental en la defensa de nuestros derechos y confirma la legitimidad de nuestro reclamo».
El fallo no solo ordena la actualización de los haberes, sino que también establece el pago de las sumas retroactivas adeudadas, las cuales deberán abonarse en tres cuotas bimestrales junto con los respectivos bonos que datan de mediados de 2024. Para asegurar la efectividad inmediata de la protección a los trabajadores, la resolución dispuso “la suspensión de los plazos procesales para impugnar la medida hasta tanto el juzgado competente asuma la causa”.
La resolución judicial coloca nuevamente a Vialidad Nacional en el centro de la discusión sobre el ajuste fiscal. Pese a que el Congreso de la Nación estableció que el gobierno liberal no puede recortar funciones ni desfinanciar al organismo por tratarse de un ente estratégico para la conectividad y la seguridad vial, la administración del organismo enfrenta cuestionamientos por las políticas de ajuste que avanzan sobre su estructura operativa y financiamiento.
