Por Redacción
La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) reclamó al Senado de la Nación que retome con urgencia el tratamiento del proyecto de ley para prevenir la ludopatía y regular los juegos de azar y las apuestas en línea, ante el riesgo de que la iniciativa pierda estado parlamentario en noviembre. Al mismo tiempo, llamó la atención sobre el crecimiento de las apuestas, en particular entre niños, adolescentes y jóvenes.
En una carta dirigida a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y a los senadores nacionales, la CEPAS insistió en la necesidad de una respuesta legislativa frente a una problemática que afecta la salud y la vida social de amplios sectores de la población. El reclamo se sumó a las presentaciones que la Iglesia realizó desde 2024 para exigir medidas ante la expansión de las apuestas.
En la misiva, la Comisión Episcopal aseguró consideró «impostergable: el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y apuestas en línea se encuentra ante el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre». Asimismo, recordó que noviembre de 2024 «solicitamos a la Cámara de Diputados el urgente tratamiento del proyecto. En febrero de 2025 volvimos a hacerlo ante el Senado, señalando cómo este fenómeno estaba instalando una “cultura de la timba y del azar” y afectando incluso la libertad de quienes quedan atrapados por la adicción».
Del mismo modo, precisó que «en octubre de 2025, en nombre de todos los obispos de la Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina fue aún más contundente: “La ludopatía es un atentado contra la vida”. Allí se recordó también que, sin regulaciones y controles adecuados, cada teléfono celular puede convertirse en un verdadero “casino”».
Para la CEPAS «ya no estamos ante la necesidad de reconocer el problema. Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros clubes y nuestras comunidades. Tampoco estamos ante una percepción aislada: distintos estudios e investigaciones aportan evidencia concreta sobre la magnitud de este fenómeno y sobre los riesgos que implica para la salud mental y el desarrollo integral de las personas, con un impacto particularmente grave en los menores y en quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad».
Por otro lado, remarcó: «Estamos ante una decisión. Una decisión sobre si el Estado asumirá su responsabilidad de proteger a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad; si vamos a permitir que los intereses económicos que se benefician de este negocio sigan avanzando mientras miles de personas quedan atrapadas en sus consecuencias. En palabras del Papa León XIV, debemos evitar ‘la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles’ (Magnífica Humanitas, n.º 10)».
No obstante, advirtió que “no hacer nada” también es una decisión. Y, en este caso, sería una decisión profundamente lamentable: significaría privilegiar los intereses de una pequeña minoría por encima del cuidado del conjunto de la sociedad que ya enfrenta numerosas situaciones de sufrimiento, desigualdad y desprotección».
La Comisión Episcopal aseguró que «quienes tenemos la responsabilidad de velar por el bien común y proteger a la población no podemos desentendernos de las consecuencias de una realidad que ya está provocando daños profundos, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes. La falta de una respuesta adecuada hoy puede traducirse mañana en daños mucho más difíciles de reparar en el tejido social».
Por último, le pidió a las y los legisladores nacionales que «asuman la responsabilidad que el pueblo argentino les ha confiado, que retomen de inmediato el tratamiento del proyecto, que generen los acuerdos necesarios y que hagan todo lo que esté a su alcance para que pueda convertirse en ley. No dejen que este proyecto de ley, que puede traer alivio y protección a sus ciudadanos y familias, perezca en la sombra de la desidia y la indiferencia».
