Por Redacción
La Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines, Graciela Aleñá, presentó ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 23, a cargo de la jueza Marta Rey, una acción de amparo contra el Decreto Delegado 461/25 firmado por el presidente Javier Milei. La presentación, que cuenta con el patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, solicita que se declare la inconstitucionalidad de ese decreto por considerarlo ilegal y arbitrario.
La conducción de la organización sindical ratificó que el decreto impulsa la destrucción de organismos estatales y pone en riesgo la continuidad laboral y la estabilidad de los trabajadores públicos que se desempeñan en áreas de seguridad vial, ciencias aplicadas y salud pública. El expediente fue registrado bajo el número 27.651/2025.
A través de un comunicado, la Comisión Directiva del STVyARA, afirmó que «se genera una amenaza, incertidumbre y falta de certeza sobre cómo y con quiénes se reemplazará a los trabajadores, profesionales, administrativos, técnicos y operarios que aportaron, desde la creación de los distintos organismos estatales, seguridad, adelantos tecnológicos y la custodia de la vida digna de todos los argentinos, tratándose de obras y servicios que son parte sustantiva de los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos por el art. 42 de la C.N.».
La presentación fundamenta que la eliminación acelerada de estas estructuras estatales «genera una amenaza por la pérdida de la permanencia de las fuentes de trabajo y la estabilidad de los empleados públicos, protegidos por el art. 14 bis de la C.N. y los tratados internacionales de derechos humanos y convenciones de la OIT, cuyas disposiciones, así como las resoluciones tuitivas de estos derechos humanos, se invocan y desarrollan extensamente en la reclamación judicial».
Aleñá y Barcesat alertaron que «la seguidilla in crescendo de accidentes viales, a consecuencia del abandono y quita de presupuesto para las obras públicas que afectan a la extensa red vial de la República Argentina, constituye un toque de alarma para la vida, la integridad física y síquica de las personas, así como para la integridad de los medios de transporte, y las mercancías producto de las economías regionales, para el consumo interno y la exportación a terceros países».
Asimimso, indicaron que «en definitiva, existe un gigantesco avance en la perversa tarea de destrucción del Estado/Nación, con la pérdida de empleos y el favorecimiento a las importaciones de mercaderías que proveía la industria nacional».
Recordaron que estas medidas replican «las mismas y fracasadas políticas económicas e institucionales del Estado terrorista, entre 1976 y 1983, la entrega de las empresas estatales del menemismo, proseguidas bajo la gestión macrista, al tiempo que endeudaron al país en cifras astronómicas, comprometiendo la titularidad del pueblo argentino y de las provincias sobre el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio».
Respecto al rol del Poder Judicial, Aleñá y Barcesat subrayaron que «se les recuerda a los jueces del Poder Judicial de la Nación que su deber primero es el de asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36 C.N. y art. 3º, Ley 27), a través del control de legalidad y razonabilidad de las normas y actos que emanan de los otros poderes que conforman el Gobierno Federal».
