Por Redacción
El gobierno libertario avanzó con la destrucción de la potestad del Estado en empresas estratégicas, el último martes, el Ministerio de Economía realizó la apertura de las ofertas técnicas correspondientes al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en una licitación pública de alcance nacional e internacional que contempla la transferencia del 90% de las acciones pertenecientes al Estado Nacional y la incorporación de un operador. En este contexto, dos consorcios presentaron sus propuestas y serán sometidos a la evaluación prevista en el pliego.
Las ofertas fueron presentadas por ROWING S.A., integrado por el Consorcio Rowing, Arcos, Transclor y PHX, y ROGGIO ROAS S.A., conformado por Roggio Roas S.A.U. y otros. A partir de esta instancia, la Comisión de Evaluación deberá analizar las propuestas técnicas de acuerdo con las condiciones establecidas para la licitación. Al mismo tiempo, el esquema de privatización mantendrá en manos de los trabajadores el 10% restante de las acciones, en el marco del Programa de Propiedad Participada.
Según el oficialismo, el futuro operador deberá asumir obligaciones de inversión, expansión y calidad del servicio establecidas en el contrato de concesión. El primer ciclo tarifario abarcará el período 2027-2031 e incluirá un Plan de Acción obligatorio con inversiones por $2,89 billones, calculadas a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. Para 2031 se fijaron metas mínimas de cobertura del 75,3% para agua y 63,9% para cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de 30 años deberán alcanzar como mínimo el 90% y el 75%, respectivamente.
El contrato estableció que durante el primer ciclo tarifario el nivel de las tarifas deberá mantenerse constante en términos reales respecto del momento de su presentación y no contempla nuevos aumentos reales, salvo las excepciones establecidas en las condiciones contractuales. El cumplimiento de las obligaciones quedará sujeto a controles anuales del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), mientras que las inversiones financiadas por la concesionaria deberán contar con la certificación de un auditor técnico independiente. El contrato prevé multas y la posibilidad de pérdida de la concesión ante incumplimientos graves y reiterados.
De este modo, el gobierno libertario, decidió desprenderse de un activo estratégico para población, dejará en manos del capital privado un recurso vital como el agua y condenará al conjunto del pueblo a la subordinación con una empresa que no responderá a los intereses de la gente, sino que buscará márgenes de rentabilidad sobre la explotación del agua.
