Por Martín Tomassini A días de la presentación del proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 por parte del gobierno de Javier Milei, el debate vuelve a instalarse en la agenda pública. En ese marco, surgen interrogantes sobre si la iniciativa responde a una preocupación genuina por la salud mental o a una estrategia para recuperar centralidad en la agenda política.
Meses atrás, la denominada “Ley de Modernización Laboral” ya había dejado en evidencia una lógica similar: bajo el argumento de la eficiencia y la actualización normativa, se promueven cambios que debilitan la capacidad de organización colectiva y trasladan los riesgos hacia los individuos. Distintos sectores sociales advirtieron que los cambios introducidos implican un retroceso en derechos laborales y limitan herramientas tradicionales de organización, como las asambleas o las medidas de fuerza. Menos derechos efectivos, más exposición personal: esa es la ecuación que subyace, aunque se la disfrace de modernización.
La discusión sobre la reforma laboral sigue abierta: ahora le toca a la Justicia definir su alcance. La lucha de la CGT sirvió para dejar en evidencia que la Reforma Laboral atenta contra la Constitución e implica un retroceso normativo para los trabajadores, a pesar del reciente fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que suspendió la cautelar pedida por la Central Obrera.
En ese contexto, especialistas vinculados a la salud laboral advierten que la precarización del empleo y la incertidumbre contractual no solo afectan los ingresos, sino que también tienen un impacto directo en la salud mental de los trabajadores y sus familias.
En tanto, desde el Ministerio de Salud de la Nación Argentina sostienen que la iniciativa oficial busca “mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud ante situaciones a las que la antigua ley no terminaba de dar respuesta”.
Sin embargo, el cruce entre condiciones laborales y salud mental no suele ocupar un lugar central en el debate. “Cuando se plantean cambios en el sistema laboral, el enfoque suele reducirse a lo económico o jurídico, sin considerar sus efectos en la vida cotidiana de las personas”, señaló la psicóloga laboral Jesica Fabiana Godoy (Mat. Prov. N° 1395).
Para la especialista, el trabajo cumple un rol clave en la vida psíquica. “Es un organizador estructural de la subjetividad”, explicó. En ese sentido, no solo permite generar ingresos, sino también construir identidad, sostener vínculos sociales y proyectar un futuro.
El problema aparece cuando ese esquema se vuelve inestable. Godoy advirtió que “la percepción de pérdida de control y de imprevisibilidad constituye una variable central en la génesis del estrés psicológico”, y vinculó estas condiciones con un aumento de cuadros de ansiedad, depresión y agotamiento.
A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo advirtió, en nun reciente informe, que los riesgos psicosociales en el trabajo —como la inestabilidad, la sobrecarga y la falta de previsibilidad— pueden afectar de manera significativa la salud mental. Estos factores, señala el organismo, están asociados al aumento del estrés y otros trastornos que impactan tanto en los trabajadores como en su entorno.
El impacto no se limita al plano individual. La inestabilidad laboral también repercute en la vida familiar y en el entorno social, al debilitar las condiciones de previsibilidad necesarias para el desarrollo cotidiano.
“Las reformas laborales no solo modifican derechos, modelan subjetividades; y toda política que ignore la salud mental termina produciendo sufrimiento social”, concluyó Godoy.
De este modo, cuando el trabajo deja de ser un espacio de estabilidad y se convierte en una fuente permanente de incertidumbre, lo que está en juego no es solo el empleo, sino la salud misma del tejido social. Y ese deterioro —silencioso, extendido, difícil de medir— no aparece en los discursos de modernización, pero impacta de lleno en el núcleo de la comunidad.
