Por Redacción
Durante 2025 el Gobierno de Javier Milei consolidó un esquema en el que el control social ganó terreno frente a la garantía de derechos básicos, según el último informe de Amnistía Internacional, «Retos». En este marco, la organización señaló que la gestión libertaria aplicó un ajuste sin evaluaciones de impacto en derechos humanos ni instancias de participación democrática, con consecuencias sobre la vida y la integridad de la población.
El relevamiento precisó que entre 2023 y 2025 el gasto público cayó más de un 41% en términos reales, hasta niveles que no se registraban desde hacía dos décadas. El recorte impactó con mayor intensidad en áreas vinculadas a salud, educación, vivienda, alimentación y seguridad social. En paralelo, las partidas destinadas a seguridad e inteligencia mantuvieron mayor estabilidad relativa. La organización interpretó esa diferencia como una orientación deliberada: menos inversión en políticas de protección y mayor capacidad en estructuras coercitivas.
Mariela Belski, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. explicó: “Mientras se recortan las políticas esenciales para combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia de género, se fortalecen los presupuestos destinados a controlar, vigilar y reprimir. Este modelo transmite un mensaje inequívoco: el Estado decidió ajustar precisamente a quienes más debería proteger».
«Lo que vemos en Argentina dialoga con una deriva global alarmante: los depredadores intentan destruir décadas de esfuerzos por construir salvaguardas más sólidas mediante el multilateralismo y el derecho internacional. El recrudecimiento de los ataques contra la sociedad civil se propaga por el mundo, al tiempo que se afianza un orden alternativo desigual y contrario a la disidencia», añadió.
El informe registró un aumento de medidas que afectan la protesta social, cuestionamientos al trabajo periodístico y discursos oficiales que buscan desacreditar a sectores críticos. En ese contexto, la violencia de género sostuvo niveles elevados. Datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia indicaron que en 2024 hubo 228 víctimas, con una frecuencia de un asesinato cada 39 horas. El organismo señaló un retroceso en políticas destinadas a mujeres y diversidades, con desarticulación de programas y debilitamiento de herramientas vinculadas a derechos sexuales y reproductivos y a la Educación Sexual Integral.
En tanto, Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional, indicó que “nos enfrentamos al momento más difícil de nuestra época. La humanidad sufre el ataque de movimientos transnacionales antiderechos y de gobiernos decididos a imponer su dominio mediante guerras ilícitas y chantajes económicos”. El informe concluyó que el deterioro en materia de derechos humanos respondió a una redefinición de las responsabilidades estatales, con menor intervención en áreas sociales y mayor peso del control.
