Por Redacción
La defensa de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, presentó este miércoles una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena impuesta en la causa Vialidad y solicitó medidas cautelares con el objetivo de suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos mientras el organismo analiza el caso. La presentación estuvo a cargo de los abogados Javier Borrego, de España; Rafael Valim, de Brasil; y Carlos Beraldi, representante de la exmandataria ante la Justicia argentina. Durante una conferencia de prensa, los letrados sostuvieron que el proceso judicial vulneró garantías fundamentales y aseguraron que el reclamo se apoya en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado con jerarquía constitucional en Argentina.
Con anterioridad, la titular del Partido Justicialista emitió una carta pública donde explicó su posición. En tal sentido, explicó: «el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino. Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino».
Del mismo modo, remarcó que «Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única expresidenta condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad? Cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida (como sucedió el 1 de septiembre del año 2022), no estamos simplemente frente a una injusticia individual. Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana».
«Sin embargo, y como siempre, quiero ser clara: todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas», añadió Cristina Fernández.
En tal sentido, la exmandataria nacional, aclaró: «Por el profundo sentido cívico y el respeto institucional que han guiado mi vida y mis acciones… y por la indignación que me producen las ilegalidades de las que soy víctima, anuncio hoy que he presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo hago con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder».
Horas después, los letrados defensores realizaron la presentación judicial, tal como lo había adelantado Cristina Kirchner. Beraldi afirmó que la decisión de la Corte Suprema de dejar firme la condena «tiene un efecto paradojal, porque, si bien ha cerrado la discusión en el orden interno, permite ahora que sea discutida en el orden internacional, en virtud de los compromisos que ha suscripto nuestro país en esta materia, y que son ley suprema».
Borrego expresó: «He encontrado tantísimas violaciones y arbitrariedades», por lo que la presentación ante el Comité responde a «graves violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos» y destacó que «la causa Vialidad es francamente interesante porque son puras contradicciones y algunas cosas absolutamente sorprendentes en derecho». Al mismo tiempo, consideró que la condena tuvo motivaciones políticas.
Por su parte, Valim explicó que la comunicación presentada ante Naciones Unidas «no es un acto de agresión a Argentina o al sistema judicial argentino», sino «un hecho natural, previsto no solamente en el tratado que fue libremente ratificado por Argentina, sino que también tiene rango constitucional». Indicó que, «entonces, ese es un mecanismo previsto por las normas del orden jurídico argentino, y estamos aquí planteando solamente que se respeten los derechos de una ciudadana argentina».
El abogado brasileño sostuvo que las decisiones del Comité resultan vinculantes para el Estado argentino y precisó que el organismo podrá «evaluar lo que han hecho los fiscales y las autoridades argentinas en ese caso». En ese sentido, manifestó que existieron «gravísimas violaciones a los derechos y garantías fundamentales de la expresidenta Cristina Kirchner».
