Por Redacción
El Gobierno de Javier Milei ratificó, en las últimas horas, su subordinación a las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional y asumió el compromiso de enviar al Congreso, antes de diciembre de 2027, un proyecto para reformar de manera integral el sistema previsional. La iniciativa contempla modificaciones sobre la edad jubilatoria, las moratorias, el cálculo de los haberes y la diferencia entre las prestaciones financiadas con aportes y aquellas que dependen de recursos del Estado.
La decisión oficial se plasmó durante la visita a la Argentina de Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI. El organismo de colonización financiera hace años plantea cambios sobre los sistemas previsionales como parte de sus programas de ajuste fiscal. En este caso, la reforma forma parte de las condiciones vinculadas con el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el organismo. No obstante, la administración libertaria no prevé avanzar de inmediato con el proyecto debido al escenario electoral, sin embargo, según fuentes oficiales, fijó como límite diciembre de 2027 para presentar la iniciativa. El plazo quedó condicionado a la continuidad del programa de reformas que impulsa el oficialismo y al respaldo político que consiga para llevar adelante sus compromisos con el Fondo.
La reforma previsional constituye uno de los cambios estructurales incluidos en la agenda acordada con el Fondo. La administración libertaria sostiene que no existen condiciones políticas para avanzar de inmediato debido al proceso electoral, por lo que el proyecto quedaría para una etapa posterior, con el límite de diciembre de 2027 establecido en el entendimiento con el organismo.
En tanto, el FMI impulsa la modificación del criterio con el que se determina el acceso a una jubilación. En lugar de concentrar la prestación contributiva en quienes alcanzan los 30 años de aportes, planteó un esquema que vincule el haber con la cantidad de años cotizados. El organismo sostuvo que es necesario “reforzar el vínculo entre las cotizaciones y las prestaciones”. Bajo ese criterio, una persona que haya aportado durante 10, 15 o 20 años podría acceder a una prestación, pero el monto sería inferior al de quien complete los 30 años exigidos por el régimen vigente.
El cambio supone la eliminación progresiva de las moratorias previsionales, que permiten regularizar períodos sin aportes para alcanzar los requisitos necesarios para la jubilación. El Fondo considera que ese mecanismo debe ser reemplazado por un sistema que determine el haber de acuerdo con los aportes registrados durante la vida laboral.
Otro de los puntos que aparecen dentro de la reforma es la edad de retiro. El acuerdo no fija una cifra definitiva, pero entre las alternativas planteadas figura elevar de 60 a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres. Para los varones se analiza una eventual modificación de 65 a 70 años. El organismo de colonización financiera sostiene que el aumento de la expectativa de vida genera una presión creciente sobre los sistemas previsionales y considera que la edad de retiro constituye una de las variables que pueden modificar el nivel del gasto. El argumento para avanzar en este sentido es el mismo de siempre: reducir el peso de las jubilaciones sobre las cuentas públicas. De esta manera, el FMI se asegura que los fondos estatales se direccionen al pago de la deuda contraída por Luis Caputo.
La reforma contempla una división entre las prestaciones contributivas y las no contributivas. El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedaría destinado a quienes realizaron aportes durante su trayectoria laboral, mientras que quienes no alcancen los requisitos contributivos pasarían a un esquema de prestaciones financiadas con recursos generales del Estado.
Se toma como referencia a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para estructurar ese segundo componente. El documento técnico del FMI plantea que tanto la PUAM como el haber básico representen alrededor del 20% del salario promedio de los trabajadores registrados, medido a través del RIPTE. El esquema incluiría una revisión de los regímenes especiales y diferenciales, que permiten condiciones distintas de acceso a la jubilación respecto del régimen general.
La reforma de colonización deberá ser debatida por el Congreso Nacional, donde el oficialismo tendrá que conseguir los votos necesarios para modificar un sistema que alcanza a millones de trabajadores y jubilados. Las moratorias, la edad de retiro y el cálculo de los haberes concentrarán buena parte de la discusión política y sindical. El Gobierno, en tanto, mantiene su sometimiento con el FMI a costa de destruir la calidad de vida de los trabajadores activos y pasivos.
