Por Redacción
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que encabeza Graciela Aleñá, denunció el proceso de desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad y responsabilizó al gobierno de Javier Milei por el deterioro de la red vial federal. A través de un documento respaldado por los Secretarios Generales de las seccionales de todo el país, la organización sindical rechazó las políticas impulsadas sobre el organismo, cuestionó la decisión de avanzar con concesiones de rutas nacionales y alertó sobre las consecuencias que la falta de inversión tiene para la seguridad vial.
La declaración gremial sostuvo que la situación de Vialidad Nacional atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Según señalaron, la reducción de recursos afecta el mantenimiento de los corredores viales y compromete el funcionamiento de un organismo estratégico para la integración territorial, la producción, el turismo y el transporte de bienes y personas. La conducción sindical señaló que las rutas nacionales muestran un creciente deterioro tras más de dos años de gestión libertaria y remarcaron que la falta de obras y mantenimiento profundiza los problemas de transitabilidad en distintos puntos del país.
En el documento, los trabajadores denunciaron que los fondos provenientes del impuesto a los combustibles no llegan a Vialidad Nacional pese a que tienen como finalidad financiar tareas de mantenimiento, planificación y construcción de rutas. La dirigencia sostuvo: “Vialidad Nacional se encuentra totalmente desfinanciada”. Asimismo, vinculó esta situación con la decisión oficial de avanzar en la transferencia de tramos de la red vial al sector privado y a las provincias. Según expresaron, el deterioro de las rutas forma parte de una estrategia destinada a justificar futuras concesiones.
Aleñá aseguró que “el Gobierno busca instalar la idea de que los trabajadores no cumplen con sus tareas para avanzar en la transferencia de rutas a las provincias y a operadores privados”. Rechazó particularmente el Decreto 253/26, que habilita nuevas concesiones sobre distintos corredores nacionales. En ese marco, cuestionó los retiros involuntarios, la reducción de capacidades operativas del organismo y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores viales. Por otro lado, destacó el trabajo que realiza el personal pese a las limitaciones presupuestarias.
Al mismo tiempo, sostuvo que “el personal vial continúa desarrollando sus tareas y manteniendo la infraestructura con recursos limitados. Incluso, en numerosas oportunidades los trabajadores han debido afrontar gastos de su propio bolsillo para garantizar la prestación del servicio” y agregó que «la transitabilidad y el estado de las rutas de la red troncal se encuentran afectados desde fines de 2023, una situación que incrementa los riesgos de siniestros viales y sus consecuencias mortales para los usuarios».
El documento concluyó con un llamado a los gobernadores para que rechacen las políticas que afectan a Vialidad Nacional y se opongan a la transferencia de rutas nacionales. La organización sindical cuestionó la utilización política del organismo y expresó su rechazo a cualquier iniciativa que implique el debilitamiento de una estructura que considera fundamental para el desarrollo económico y la integración territorial del país. La conducción del STVyARA concluyó: “Rechazamos la utilización política de nuestra repartición con la complicidad de funcionarios, Legisladores Nacionales y Gobernadores”.
