Por Redacción
El juez laboral Raúl Ojeda rechazó el intento del Gobierno de desplazar el expediente a otro fuero y dejó firme la continuidad del proceso en el ámbito laboral. Mientras no exista una resolución definitiva, la cautelar que suspendió puntos centrales de la reforma continúa en plena vigencia.
La definición se inscribió en la acción colectiva impulsada por la Confederación General del Trabajo contra el Estado nacional, donde se cuestionan aspectos sustanciales del proyecto oficial. Desde el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 63 se abordó el punto clave que buscó explotar la Casa Rosada: el alcance de la inhibitoria dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 12.
“No se encuentra firme”, con esa afirmación, Ojeda descartó que la declinatoria tenga efectos jurídicos. La falta de firmeza impide cualquier modificación en la competencia, lo que mantiene intactas todas las actuaciones realizadas en el fuero laboral. El Gobierno insistió en trasladar la causa al fuero contencioso administrativo e incluso exploró la posibilidad de un “per saltum” para acelerar la intervención de la Corte Suprema. La estrategias oficial intentó modificar el escenario judicial y desacreditar la la cautelar que frenó la aplicación de la reforma.
El magistrado dejó en claro que su tribunal aún no aceptó ni rechazó la inhibitoria y que el plazo legal para resolver esa cuestión sigue abierto. En ese marco, no existe desplazamiento de competencia ni motivo para alterar el curso del expediente. La decisión representó un freno concreto a la maniobra oficial. El expediente continúa bajo órbita laboral, con plena validez de cada una de las resoluciones adoptadas hasta el momento, incluida la medida cautelar que suspendió aspectos centrales del proyecto impulsado por el gobierno libertario.
El carácter colectivo de la causa refuerza el alcance de lo resuelto. Los fallos que surjan tendrán efecto general sobre trabajadores, empresas y sindicatos, lo que eleva la relevancia del proceso en curso. Con esta resolución, la Justicia laboral evitó que la causa quedara paralizada por una inhibitoria sin firmeza y garantizó la continuidad de un expediente que pone en discusión uno de los ejes del programa económico oficial.
