Por Redacción
El gobierno libertario espera avanza esta semana en Senado, con un tratamiento exprés, con un el proyecto de Ley de protección de Glaciares. El objetivo del marco legal es legitimar la entrega de recursos naturales, sobre todo el agua, a instancias de los lineamientos estratégicos establecidos por Estados Unidos que tiene como premisa alzase con el suministro de minerales críticos destinados a la industria tecnológica y de defensa.
La actual ley, conocida como de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, (ley 26.636) sostiene como definición que los glaciares, así como el ecosistema que los rodea, son bienes públicos y que es deber del Estado Nacional preservarlos en función de la reservas naturales estratégicas que los afecta: agua, biodiversidad y minerales que hacen a la producción. En tanto, el ambiente pleriglacial engloba a la superficie congelada que tiene como función regular el recurso hídrico, que también es necesario preservar.
No obstante, el proyecto de Ley libertario que obtuvo media sanción en la Cámara Baja, impone la prevalencia del capital por sobre las necesidades y los intereses nacionales y de su población. La iniciativa se votará este jueves en la Cámara de Senadores. La normativa oficial representa la subordinación de Milei con la política exterior estadounidense y con el esquema de seguridad impulsado desde Washington.
El punto de inflexión se produjo el 4 de febrero, cuando el Gobierno firmó con los Estados Unidos el denominado “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos”, rubricado por el canciller Pablo Quirno. A partir de ese entendimiento, el Ejecutivo reactivó el proyecto sobre glaciares para adecuar la normativa ambiental a los compromisos internacionales asumidos.
El propio texto del acuerdo unilateral, dado que obedece a las demandas del gobierno de Trump, establece que los países deben modificar y flexibilizar sus regulaciones internas para facilitar la aprobación de emprendimientos mineros vinculados a la seguridad y al desarrollo tecnológico de los Estados Unidos. A partir de dicho alineamiento, el proyecto enviado al Congreso propone que no todas las formaciones con hielo permanente queden protegidas de manera automática, sino que cada provincia determine qué zonas poseen una función hídrica relevante. Con esa redefinición, se altera el esquema de presupuestos mínimos ambientales establecido por la ley sancionada en 2010.
La determinación oficial, en complicidad con gobernadores siempre dispuestos a defeccionar en materia de Soberanía Nacional en función de sus propios intereses, agrede el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales en las provincias, y el artículo 41, que fija los presupuestos mínimos de protección ambiental a cargo del Estado nacional. El planteo de fondo ya había sido formulado por la empresa Barrick Gold junto con la provincia de San Juan, en un intento por declarar inconstitucional la ley de glaciares.
El proyecto oficial prevé desplazar al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales como autoridad de aplicación en materia de protección de glaciares. De este modo, el gobierno nacional dejará al libre albedrío de las provincias la utilización de recursos que pertenecen a todos los argentinos. La relaciones materiales quedarán en manos de las decisiones económicas que tomen los representantes del capital industrial, la minería y de la explotación petrolera.
La justificación del libertarismo se sustenta a través del eufemismo sistemático sobre el orden material. Desde Casa Rosada afirman que pretenden “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.
La reforma de Milei, a instancias de la oligarquía y de Estados Unidos, tiene como objetivos claves, reducir la protección de áreas que abarca a los glaciares y el ambiente periglaciar, lo que facilita la intrusión y extracción de recursos en manos de la «producción» minera, cosa que hasta el momento estaba prohibida. Asimismo, la reforma promociona la exploración y explotación en regiones estratégicas de reserva hídrica.
Los ambientalistas alertaron sobre el riesgo que impone esta desregulación sobre los territorios congelados, por ejemplo, sobre todo ante la crisis del agua que afecta a grandes extensiones de tierra en distintos países, uno de ellos es Estados Unidos. Asimismo, la apertura a las actividades industriales sin regulación y cuidad estatal, extrema la posibilidad de contaminación de agua para consumo humano y tendrá un efecto negativo para la agricultura en regiones áridas. La liberación del extractivismo implica la destrucción de la Soberanía Nacional sobre los recursos naturales del país.
